El Órgano de Control Institucional (OCI) del Centro de Gestión Tributaria (CGT) de Chiclayo, observó que en dicho entidad se aprobó contratación directa para la adquisición de bienes, con requerimiento de marca específica, sin contar con estudio de mercado.

 

Según se indica en el informe remitido por el órgano de control, el CGT aprobó la contratación directa para la adquisición de bienes, con requerimiento de marca específica, sin contar con estudio de mercado, seleccionando una oferta que no detallaba condiciones mínimas para la entrega del equipo, y otorgando conformidad a equipos que no coinciden con el requerimiento; generando el riesgo de que no se logren los objetivos o resultados del normal desarrollo de los procesos de compra directa, se afecten los principios generales de la contratación pública y se atente contra el mejor uso de los recursos públicos.

 

El OCI advierte que mediante un informe del siete de marzo de 2019, el funcionario Denis Obando Fernández, jefe de la Oficina de Tecnología de Información del CGT, remite al despacho del entonces gerente general del CGTCH, César Torres Gálvez, requerimiento de adquisición de una solución de UPS para el centro de datos, indicando como justificación para dicha compra, el reemplazar el equipo existente, el mismo que habría cumplido su tiempo de vida útil. Sin embargo, las especificaciones técnicas indicadas por el responsable del área usuaria, se hace un señalamiento específico de que los equipos a ser adquiridos deben ser de la marca “APC”, hecho que se encuentra expresamente prohibido por la normativa de contrataciones en su numeral.

 

El OCI, señala que los hechos expuestos generan el riesgo de que no se logren los objetivos o resultados del normal desarrollo de los procedimientos para la adquisición de un bien y/o servicio, específicamente en los procesos de compra directa, así como la afectación de los principios generales de la contratación pública, transparencia en el manejo de los recursos públicos y trato justo e igualitario a los postores, lo que atentaría contra el mejor uso de los recursos públicos.