El incumplimiento de inscripción de las medidas de destitución e inhabilitación de servidores docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil (RNSSC) fue advertido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación.
Dicha inobservancia, según el OCI, se da en el marco de la Ley N° 29988, situación que permitiría que personal con sentencia condenatoria por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación a la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas puedan reingresar a la función pública o privada en el sector educación.
Todo esto está plasmado en el Informe de Orientación de Oficio N° 011- 2019 que este órgano de control remitió al director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana.
El documento señala que, de la revisión efectuada al RNSSC se identificaron situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de registro de las sanciones administrativas y funcionales y sanciones penales impuestas contra los servidores y exservidores civiles de la UGEL Chiclayo que aún no han sido inscritas en el citado registro.
LAS RESOLUCIONES
El OCI determinó que las resoluciones directorales no inscritas hasta el momento es la N ° 004124 del 14 de setiembre de 2017, que resolvió destituir de la carrera pública magisterial al profesor, Helly Torres Gil, docente nombrado de la IE N° 10252 caserío Desaguadero, Pátapo, quedando inhabilitado de manera permanente para el ingreso o reingreso a la función pública o privada del sector Educación.
Lo mismo reza la Resolución Directoral N° 005527 del 29 de diciembre de 2017 en contra la profesora Teresa Isabel Tirado Cancino, docente de la IE Santa Rosa de Lima de Pimentel. Y la Resolución Directoral N° 001852 del 16 de febrero 2018, que destituye al profesor Robert Guadalupe Campojo, como docente de la IE José María Arguedas de La Victoria.
“No obstante, de la consulta realizada al Módulo de Consulta Ciudadana del RNSCC a cargo de Servir, se advierte que dichas sanciones no han sido inscritas…”, se aprecia en la orientación de oficio.
CONSECUENCIAS
El Órgano de Control Institucional también le advierte al director de la UGEL Chiclayo que, el hecho expuesto genera un grave riesgo.
“…que los servidores (personal docente) de la institución educativa que se encuentren inhabilitados de manera permanente por tener sanciones impuestas por estar inmersos o implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación a la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas puedan reingresar a la función pública o privada en el sector Educación”, señalan.
Frente a este panorama, el OCI recomendó al director de esta UGEL, adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional.
“…esto con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de inscripción de las sanción administrativa y funcional contra el servidor civil de la UGEL Chiclayo en el RNSCC, la cual no ha sido detallada en el presente informe”.
