Un contrato que se firmó un día como hoy hace 10 años (2009) dándole nacimiento a la ejecución de la Autopista del Sol, una década después sigue siendo una gran deuda social, significando un millonario desembolso al Estado y afectando directamente a los lambayecanos.

 

Dicho convenio corresponde al tramo de la Panamericana Norte, desde el Km. 557+011 hasta el Km. 1032+000, el cual abarca: Trujillo, Chiclayo, Piura y Sullana con una extensión de 475 kilómetros.

 

De acuerdo al portal web de la empresa Covisol, ganadora de la concesión, el proyecto generará un ahorro de aproximadamente dos horas entre Sullana y Trujillo.

 

Esto, además, significará una favorable repercusión en el ahorro de costos de operación en el transporte comercial y privado, así como mayor seguridad para los usuarios de la vía y para los pobladores de las ciudades que incumbe el tramo, lo cual también enmarca construcción de vías de evitamiento.

 

La concesión fue otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo la modalidad de Alianza Público Privada, lo que significaba que la contratista se comprometía a invertir 390 millones de dólares construyendo la infraestructura que haga falta, así como el mantenimiento de la vía por un plazo de 25 años.

 

Se subraya que la empresa constructora- según el contrato- recuperaría su inversión (en los 25 años) con la cobranza que haría en cinco estaciones de peajes y tres de pesaje a lo largo de toda la autopista, cobros que se activarían conforme el avance de los trabajos.

 

Es precisamente que, el progreso de las obras en el tramo que corresponde a la región Lambayeque, el cual comprende desde el conocido como peaje Pacanguilla (frontera con La Libertad) hasta el peaje Mórrope (salida norte a Piura) es nulo, justamente porque el Estado no cumplió con entregarle a la contratista el terreno saneado para la ejecución de los trabajos.

 

Al respecto, el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), Ciro Salazar Montaño, confirmó que básicamente el entrampamiento estaría en la zona del distrito de Reque.

 

El decano comentó que, a lo largo de estos años tres fueron las alternativas de solución que las autoridades trabajaron con el Frente de Defensa de Reque, el cual como representante de la sociedad civil se oponía a la ejecución de las obras que pasarían por su sector.

 

“La última acta firmada en reunión para tratar esta problemática corresponde al 7 de mayo de 2014, donde todos los actores: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), MTC, municipio de Reque y frente de defensa estuvieron de acuerdo con la tercera alternativa de solución, pero ya pasaron cinco años de aquel acuerdo y nadie acciona, lo cual requiere de la gestión de nuestros gobernantes para ponerle más presión”, explicó.

 

El representante del CIL recalca que, esta etapa debió entregarse en diciembre de 2018, pero a pesar de este incumplimiento, la contratista cobra el peaje (Pacanguilla y Mórrope) a cada vehículo que ingresa y sale de Lambayeque.

 

“Esto requiere de la participación del poder político. Iremos con el vicepresidente del Congreso, Marvin Palma, para que como lambayecano nos gestione una reunión con el ministro de Transportes y tratar este tema”, reveló.

 

La Industria también conversó con Carlos Ticona Pérez, miembro de la Comisión de Grandes Proyectos del CIL, profesional enteramente empapado de la problemática de la autopista Del Sol.

 

Ticona afirmó que la comisión que conforma intuye una serie de responsabilidades en este caso, pero que como grupo técnico de trabajo necesitan conocer las razones exactas que provoca este retraso, por lo que acordaron invitar a los funcionarios de la contratista para que les brinde una explicación, la misma que será puesta en conocimiento de las autoridades y sociedad civil lambayecana para las acciones pertinentes.

 

El experto manifestó que la preocupación de esta comisión también radica en el aparente doble pago que el Estado estaría desembolsándole al contratista, uno con el cobro que se hace a través de los peajes (Pacanguilla y Mórrope) y otro con la millonaria compensación que el Gobierno vendría haciéndole por cada día que pasa sin entregarle el terreno para que ejecute los trabajos.

 

“A los lambayecanos y a los transportistas (comercial y privado) nos están cobrando peajes como si la contratista hubiera cumplido con ejecutar esta infraestructura, cuando en realidad en esta región la obra no está culminada”, enfatizó.

 

Por último, Ticona exhortó con firmeza a su orden profesional a promover un pronunciamiento de manera enérgica respecto a este asunto. “Como CIL contamos con todo el criterio técnico, peso legal y autoridad para pronunciarnos y ponernos a la vanguardia de los intereses de la región”, acotó.