Convicto y confeso. Tras 13 días de detención preliminar, ayer, el exgerente de Operaciones de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Gustavo Castellanos Custodio, fue sentenciado por su implicancia con la supuesta red criminal, ‘Los Corchines de la Corrupción’.
El también sindicado por la Fiscalía como hombre de confianza del recluido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel en Epsel, recibió una pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución de tres años y cuatro meses por el delito de colusión.
Como penas accesorias se le impuso a Castellanos un periodo de prueba por 27 meses, así como una inhabilitación por similar tiempo para contratar o servir al Estado. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles, además de una multa de 6 mil 300 soles.
Gustavo Castellanos es uno de los últimos 25 detenidos en la llamada ‘Tercera Ola’ que decidió acogerse a la terminación anticipada, decisión que recién tomó el último miércoles, tal como informó La Industria en su edición de ayer, esto porque no aceptaba los cargos que le imputa el Ministerio Público.
SUS ILÍCITOS
La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor) le imputó a Castellanos varios hechos ilícitos, los cuales giraban en torno al de confianza que el exalcalde Cornejo y a su vez presidente de la Junta de Accionistas de Epsel, le encomendó.
En este contexto, le atribuyen, según las declaraciones del colaborador eficaz 0411 2018-Fecor, el “cobro (cinco mil soles) por la supervisión de la obra del centro poblado Juan Tomis Stack”.
Además, el cobro de 5 mil soles (de los 30 mil soles de dádiva) al empresario constructor Roger Obando para la adjudicación de la supervisión de la obra en Lagunas.
Otra coima de dos mil 800 soles mensual, “para favorecimiento de continuidad de contrato de la empresa Tecno Gas del Norte SAC. Y “el pago de coima de cinco mil soles por parte de Esar Aguilar (sentenciado exconsejero regional), para la contratación de emergencia para alquiler de motobombas a Epsel”.
LOS DOS ÚLTIMOS
Hasta el cierre de esta edición, los abogados de la defensa de los también detenidos dirigentes del transporte local, José Mercedes Dávila y Wilmer Fidel Taboada Campos, seguían negociando su libertad con la Fecor, debido a que no aceptaban los delitos que se les endilga.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que si Dávila y Taboada no se acogían a la terminación anticipada, lo que equivale al reconocimiento de los ilícitos que les imputan, el Ministerio Público evaluaba solicitar prisión preventiva para ellos; en ambos casos, la audiencia se realizará el día de hoy.
A Dávila Ordoñez, la Fecor le atribuye formar parte de esta presunta mafia, así como de haber tenido “estrecho vínculo con el cabecilla de dicha organización criminal y exalcalde de Chiclayo, David Cornejo”, con quien utilizó sus influencias.
Todo “con la finalidad de lograr beneficios propios y de terceros, tal es el caso de la emisión de la Resolución de Autorización de Funcionamiento a favor de la empresa de transportes Turismo Servicios Múltiples LIZA SAC., que cubre la ruta Chiclayo-Puerto Eten y viceversa”, reza el requerimiento fiscal.
Mientras que a Wilmer Taboada, le atribuyen haberse beneficiado con la Resolución de Gerencia N°. 1831- 2017 de octubre 2016, que cubre la ruta Chiclayo - Pomalca y viceversa, con rutas diferentes a la que dispone la Ordenanza Municipal N°. 022-2003; autorización de paraderos provisionales en lugares prohibidos dentro de la ciudad y ampliación de flota vehicular.
“…y que para obtener estos beneficios habría pagado sumas de dinero al exalcalde David Cornejo y funcionarios como Isaías Merino, Edgar Vásquez; como se acredita con los elementos de convicción…”, se lee en el documento.
