Los detenidos en la llamada ‘Tercera Ola’, por su implicancia en el caso ‘Los Corchines de la Corrupción’, presunta organización criminal liderada por el recluido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, estarían terminando de aceptar los ilícitos que la Fiscalía les imputa.

 

Fuentes del Ministerio Público confiaron a La Industria que ayer, al cierre de esta edición, el exfuncionario de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y actual servidor de la misma, Guillermo Gustavo Castellanos Custodio, se habría acogido al beneficio de la terminación anticipada.

 

Con esto, Castellanos Custodio estaría asumiendo la serie de hechos que la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor) le atribuye, acuerdo que será llevado a la audiencia que hoy se realizará en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha la jueza, Cecilia Grandez Rojas.

 

Según el requerimiento fiscal, a Gustavo Castellanos se le atribuye varios hechos ilícitos, además de haber sido integrante de la supuesta mafia, ‘Los Corchines de la Corrupción’ encabezada por el exburgomaestre, David Cornejo, quien también en su momento fue presidente de la junta de accionistas de Epsel.

 

El rol de Castellanos, de acuerdo a la Fecor, habría sido persona de confianza de David Cornejo, colocado estratégicamente en la gerencia de Operaciones de Epsel.

 

“…con la finalidad de tener el control total sobre Epsel, es decir, a través de él hacer ingresar a trabajar en la entidad a personas de confianza de la organización criminal, como es el caso de Edgar Vásquez Díaz y José Mariano Díaz Cardoza…”, se lee en el documento.

 

Asimismo, se le atribuye la presencia de funcionarios en cargos específicos como Néstor Salinas Vásquez, en la gerencia general de Epsel y José Miguel Vásquez Mendoza, en la gerencia de Proyectos y Obras.

 

“…con esta repartición de cargos y colocación de personas de confianza, David Cornejo podía tener el control de las licitaciones convocadas por Epsel y así poder realizar la adjudicación de las obras a empresas direccionadas, previo arreglo económico (coima)”, reza el requerimiento.

 

Entre los elementos de convicción que se le endilga a Gustavo Castellanos están las declaraciones del colaborador eficaz 0411 2018- Fecor, quien indica que “cobró (Castellanos) por la supervisión de la obra del centro poblado Juan Tomis Stack”.

 

En este caso, se le imputa a Castellanos, haber participado junto a Salinas y Vásquez ‘negociando’ dicho proyecto con el empresario Roger Obando, quien ofreció 40 mil soles, “…llegando hasta la vivienda de Gustavo Castellanos donde se cogió cinco mil soles…”.

 

El mismo colaborador eficaz narró sobre el cobro de 5 mil soles más que Castellanos habría realizado (con igual modalidad), al mismo Roger Obando, para la adjudicación de la supervisión de la obra en Lagunas, con la diferencia que ahora la coima total que entregó el empresario fue de 30 mil soles.

 

El colaborador eficaz también contó en la Fiscalía, sobre la coima de dos mil 800 soles mensual, “para favorecimiento de continuidad de contrato de la empresa Tecno Gas del Norte SAC., que brindaba servicio de alquiler de camionetas a Epsel”, la cual sería del exconsejero regional, también sentenciado, Esar Aguilar Valdera.

 

Por último está “el pago de coima de cinco mil soles por parte de Esar Aguilar, para la contratación de emergencia para alquiler de motobombas a Epsel”, hecho también narrado por dicho colaborador eficaz.

 

Una historia distinta, hasta el cierre de esta edición, escribían, según fuentes del Ministerio Público, los dirigentes transportistas José Mercedes Dávila Ordoñez y Wilmer Fidel Taboada Campos, quienes se negaban a aceptar las imputaciones en su contra.

 

En el caso de Dávila Ordoñez, la Fecor le atribuye formar parte de esta presunta mafia, así como de haber tenido “estrecho vínculo con el cabecilla de dicha organización criminal y exalcalde de Chiclayo, David Cornejo”.

 

Además, de haber utilizado este lazo para influenciar ante el burgomaestre u otros funcionarios de la comuna chiclayana, “con la finalidad de lograr beneficios propios y de terceros, tal es el caso de la emisión de la Resolución de Autorización de Funcionamiento a favor de la empresa de transportes Turismo Servicios Múltiples LIZA SAC., que cubre la ruta Chiclayo-Puerto Eten y viceversa”.

 

Un caso similar atraviesa Wilmer Taboada, a quien la Fiscalía le atribuye haberse beneficiado con la Resolución de Gerencia N°. 1831- 2017 de octubre 2016, que cubre la ruta Chiclayo - Pomalca y viceversa, con rutas diferentes a la que dispone la Ordenanza Municipal N°. 022-2003; autorización de paraderos provisionales en lugares prohibidos dentro de la ciudad y ampliación de flota vehicular.

 

“…y que para obtener estos beneficios habría pagado sumas de dinero al exalcalde David Cornejo y funcionarios como Isaías Merino, Edgar Vásquez; lo cual se acredita con los elementos de convicción…”, refiere el requerimiento, entre otros hechos.