Por segundo día consecutivo, en la sala del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por la magistrada Cecilia Grandez Rojas; la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor) logró se condene a 13 implicados más en la supuesta red criminal de ‘Los Corchines de la Corrupción’, presuntamente liderada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

 

Bajo la figura de terminación anticipada, se condenó a tres años con cuatro meses de pena suspendida e inhabilitación para la función pública por un periodo de 27 meses al consejero regional Esar Aguilar Valdera, su hermano Tomás y el exgerente de Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), Néstor Salinas Vásquez, por el delito de colusión simple

 

En tanto, los empresarios y transportistas Yuri Campos Silva, Juan Francisco Torres Mora, José Francisco Guarniz Vásquez, Wilmer Raúl Bernales Ycanaque, José Antonio Gonzáles Guerrero, Gonzalo Chamba Núñez, Antonio Delgado Puelles, Wilson Simón Miñope Carbajal y Lenin Becerra Dávila, fueron condenados por el delito de cohecho activo genérico; con la misma sentencia suspendida e inhabilitación.

 

Por su parte, a José Miguel Vásquez Mendoza, se le condenó por el delito de cohecho pasivo genérico. Asimismo, a todos ellos se les impuso pagar una reparación civil, que en algunos de los casos pasó de los 100 mil soles. Con esto, son ya 23 los sentenciados por su vínculo a ‘Los Corchines’ entre el lunes y ayer martes; haciendo un total de 30 condenados en lo que va de todo el proceso.

 

A su salida de la audiencia, el fiscal Juan Carrasco Millones dio detalles sobre las sentencias logradas y del resto de detenidos. “Tenemos 23 condenas ahorita, y siete que tuvimos anteriormente, son 30 condenas hasta la fecha (por caso ‘Los Corchines’). Hay dos personas que no están aceptando los cargos (que le imputa el Ministerio Público) y una que está aceptando un solo cargo”, informó.

 

“En el caso del señor Gustavo Castellanos (exgerente de Epsel), no está aceptando ningún cargo y en este caso no declarar. Es una estrategia de la defensa de su abogado y tenemos que asumir nuestra estrategia. En el caso de los señores José Dávila Ordoñez, que es de transportes, y Wilmer Taboada Campos, solo están aceptando uno de los cargos imputados”, agregó Carrasco Millones.

 

Ante ello, el fiscal anunció que están evaluando pedir prisión preventiva para los mencionados anteriormente, solicitud que se oficializaría este viernes, en una nueva audiencia. “Estamos analizando, viendo el tema de peligro de fuga, estamos analizando eso. Si es que amerita prisión preventiva, se le pedirá. Hasta el viernes tenemos para decidir esto”, sostuvo el integrante de la Fecor Lambayeque.

 

Consultado sobre las próximas acciones de la Fecor, Carrasco Millones aseguró que la nueva lista no será una “cuarta ola”, sino, que será todo un “tsunami”. “Bueno, la cuarta lista es el ‘tsunami’, ya no va a ser una ola (…). Estamos hablando de que hasta la fecha, existe 100 personas investigadas en este caso y hay un grupo más por ampliar. Hablamos de funcionarios y empresarios”, remarcó.

 

Francisco Guarniz Vásquez, representante sindical del sector Transportes, fue el único que dialogó con los medios de comunicación tras salir de la audiencia donde se leyó su condena. El dirigente aseguró que dejará las labores gremiales debido a que ninguno de sus “compañeros transportistas” lo visitó durante su detención preliminar por 15 días en las instalaciones de la Divincri en Chiclayo.

 

“Ya me despido de las labores sindicales, porque verdaderamente durante el tiempo que he estado detenido ningún compañero transportista se ha acercado, ni siquiera, a visitarme. Pero, bueno, Dios es grande y yo saldré libre y voy a dedicarme a vivir”, expresó Guarniz Vásquez antes de ingresar a la carceleta del Poder Judicial.

 

En su momento, a su salida de la audiencia, el procurador público anticorrupción de Lambayeque, José Neciosup Chancafe; hizo principal hincapié en los montos por reparaciones civiles pagados por los implicados en esta última detención. “El Estado ha logrado recibir 463 mil como total por las 23 condenas (de lunes y martes); como dinero depositado es 370 mil soles, que se encuentra listo para recoger”, explicó.

 

“En realidad el acuerdo ha sido con la Procuraduría y lo que hemos tratado de hacer es exigir que se cancele toda la reparación civil. En algunos casos ha quedado un monto bajo y el pago es el próximo mes (…). Pagar la reparación civil está establecido como una regla de conducta, y ante el incumplimiento de los sentenciados se revocaría la condena de suspendida por efectiva”, finalizó Neciosup Chancafe.