Siguen los roces en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). Esta vez, el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, anunció que “habrá consecuencias que no les van a gustar a los consejeros”; esto tras ser informado que ninguno de los asesores y secretarias personales de los integrantes del pleno cuenta con un vínculo contractual con el Estado, sin embargo, se encuentran usando instalaciones y recursos públicos.

 

“El gobernador, como responsable de la entidad, solamente puede designar a los que la ley faculta. Pero, contratar o dar órdenes de servicio no es mi competencia. Los consejeros están pidiendo los pagos de dichos asesores y secretarias (personales). He solicitado a Logística del GRL informar si ha contratado a los abogados (asesores) que mencionan y a las secretarias, o tal vez si tienen una orden de servicio”, declaró el mandatario.

 

“Porque, en otras palabras, ninguna persona ajena a la institución (GRL) podría estar usando los bienes del Estado, sea oficinas o equipos, si no tiene un contrato contractual. Los consejeros no hacen funciones netamente ejecutivas ni administrativas, entonces no está dentro de su potestad (contratar asistentes personales), así que, que vean ellos, porque de ser así, va ha haber consecuencias que no les van a gustar”, agregó.

 

Y es que se debe recordar que los asesores y asistentes de cada uno de los consejeros tuvieron contrato con el Estado, es decir con el GRL, solo hasta el pasado abril. Luego de ello, Lozano Centurión indicó que no se le pagaría más a este personal de apoyo, pues no existía el presupuesto, ni la contemplación dentro de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para su continuidad.

 

A pesar de ello, el Consejo solicitó al gobernador, hace unas semanas, se les pague los sueldos correspondientes a mayo a cada uno de los asesores y secretarias personales. Durante junio y los primeros días de julio se ha visto la aún presencia de este personal de apoyo en las instalaciones del GRL, a lo que la máxima autoridad regional indicó que estarían incurriendo en un posible delito, pues no son trabajadores estatales.

 

“Si ellos han contratado con su propio dinero, tuvieron que haber informado que iban a usar las instalaciones del GRL (...), no lo han hecho”, sentenció.