La Universidad de Chiclayo (UDCh) no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que exigió la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Por ello, el jueves 25 de julio, se emitió la Resolución 098 que niega su licencia institucional.
Ante ello, según indica Rafael Orrego Alvarado, apoderado legal de la Asociación Civil Educativa del Norte (ACEN) –entidad fundadora y promotora de la casa de estudios en 1978– sería ilegal, ya que, según señala, la SUNEDU a pesar de conocer las presuntas irregularidades que se presentaron durante estos años por parte del actual rector Alberto Ortiz Prieto, no habría actuado.
Por el contrario, en el 2017, recibió la segunda solicitud de licenciamiento de la UDCh, sabiendo que ese mismo año, concluyó el mandato de la asamblea universitaria, donde no se permitió la participación de la ACEN y Ortiz Prieto, volvió a elegir a personas de su entorno como las representantes de la primera universidad privada de Lambayeque.
Sin embargo, la resolución fue impugnada por los docentes agraviados y se ordenó a la casa de estudios llevar a cabo un nuevo proceso para elegir a la asamblea universitaria. Entonces, el Primer Juzgado Civil, dio siete días de plazo para que se convoque a nuevas elecciones, pero no se cumplió.
Por este motivo, la UDCh fue multada. Asimismo, el Ministerio Público inició una investigación por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Orrego Alvarado, señaló que todo surgió en junio de 2015, cuando el rector, decide de manera arbitraria y bilateral desconocer a la ACEN como integrante de la asamblea universitaria. Hecho que es un desacato a la Constitución Política del Estado de 1993, que en su artículo 18, segundo, tercer y cuarto párrafo, establece que las promotoras participan en el gobierno de las universidades. Las cuales, son llamadas a dirigir y administrar los bienes.
Con la Nueva Ley Universitaria N° 30220 aprobada en el 2014, la Asociación Civil Educativa del Norte también solicitó la restitución de sus derechos, pero a pesar de las denuncias interpuestas no se logró. Al parecer durante este tiempo, según advierte, habrían existido algunas anomalías en el Poder Judicial, quienes emitían resoluciones para que este se mantenga en el poder y tenga el control de la UDCh.
“Este señor ha venido manejando de manera ilegal la universidad, utilizando el dinero de los estudiantes en cuatro campañas políticas. Dos al gobierno regional, una a la alcaldía de Chiclayo y al Congreso de la República. Todas frustradas, él no consiguió nada pero sí llevó a una crisis a la UDCh”, subrayó.
En ese sentido, Rafael Orrego, señaló que están solicitando que se revoque la resolución de la SUNEDU, que niega la licencia institucional de la UDCh. Además, retire de inmediato al rector Alberto Ortiz, al Consejo Universitario y a toda la Asamblea Universitaria, que según señala, habrían estafado a los estudiantes y generado daños a toda la comunidad. De esta forma, la ACEN pueda tomar la administración.
Del mismo modo, Rafael Orrego, señaló que denunciarán penalmente a los directivos de la SUNEDU ante la Fiscalía de la Nación, pues tenían conocimiento que la casa de estudios tendría información falsa en su portal web, donde indica que tiene convenio con 12 universidades del extranjero, pero solo existe uno. No obstante, al no estar firmado el convenio por ninguna autoridad competente, tampoco tiene validez.
