Los derechos de una persona con discapacidad son diversos, pero hasta el momento las autoridades no están respetando, tampoco las instituciones competentes están aportando en realizar la vigilancia y defenderlos.
El representante de la Organización Regional de Ciegos (ORI), José Mejía Cabrera indicó que las instituciones de Defensoría del Pueblo y Contraloría de la República solo existen de nombre, ya que no han logrado trabajar en conjunto para lograr que las autoridades respeten sus derechos, a pesar que se conocen cuáles son sus necesidades.
La trigésima octava disposición complementaria final de la Ley del Presupuesto Público del sector público para el año 2019, dispone que el uso del 1% del presupuesto institucional debe ser invertido en el tema de la discapacidad, ya sea en obras que generen accesibilidad o en la implementación de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.
“Se conoce que es una obligación para las autoridades que usen este presupuesto, también se conoce que no lo hacen y que se usa para otros temas; entonces, no sabemos porqué nadie interviene y hacen un seguimiento”, comentó.
Incluso, mencionó que están en coordinación con las instituciones que representan a las cinco discapacidades para convocar a un plantón, exigiendo respeto y una ciudad inclusiva.
“Este plantón será sin autoridades porque ellos, solo nos utilizan, nos llaman a participar a un pasacalle, que queda para la foto, porque después no hay ningún proyecto orientado hacia nosotros”, aseveró Mejía Cabrera.
No solo es el tema de presupuesto, sino de la infraestructura de Chiclayo que no se presta para ser inclusiva. El dirigente mencionó, que en las obras debe tenerse en cuenta a la discapacidad, por ejemplo, los ascensores y uso de losetas podotactiles, pero nada de eso ocurre.
Los dirigentes incluso mencionan que en los locales de Defensoría del Pueblo y Contraloría no son accesibles para cualquier persona con discapacidad, por ejemplo no hay atención preferencial para un sordo, ciego o mudo.
SIN INTERVENCIÓN
Por su parte, la presidenta de la Asociación Emprendedores Solidarios de Lambayeque (Ensolam), Jannet Irigoyen Muñoz indicó que hasta ahora nadie ha intervenido y como siempre los gobiernos dan un mal uso al presupuesto, además de no generar obras inclusivas.
“Contraloría y Defensoría están durmiendo, no están haciendo su trabajo (…) Ni tendrán conocimiento que parte de sus obligaciones es que hagan vigilancia”, expresó.
Recordó que con Fiscalía de Prevención del Delito, se ha logrado diversas intervenciones en Chiclayo, por ejemplo las rampas en instituciones públicas como municipio y en el Mercado Central donde los servicios higiénicos también deben ser accesibles a todos. En el Gobierno Regional, las coordinaciones continuarán con la consejera Mónica Toscanelli.
“Nosotros mismos hacemos la vigilancia ciudadana, no podemos esperar que alguna institución haga algo por nosotros porque no muestran interés. Contraloría ni Defensoría se han acercado a nosotros para tratar algún tema”, mencionó.
También piden la intervención del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), puesto que es el encargado de fiscalizar a las autoridades.
“José Muro está empernado hace años en el puesto de coordinador de Conadis, y hace lo mismo de todos los años, hay unas multas que debe imponer Conadis; sin embargo no hace nada. Conadis debería estar fiscalizando”, acotó.
Sobre el presupuesto institucional, la norma indica que los gobiernos deben informar anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, sobre el cumplimiento de lo establecido, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal, respectivamente.
Además, remitir una copia de dicho informe al Conadis, a fin que realice la fiscalización correspondiente. El plazo para enviar el informe para ambas comisiones es de 90 días calendario culminado el año fiscal correspondiente.
