Raúl Benítes Acuña, presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes, mencionó que los lambayecanos están decepcionados de los parlamentarios que representan a la región porque su labor no es la más transparente.

 

Por ello, la sociedad civil presentará un proyecto para que los asentamientos humanos obtengan su título de propiedad, pues al menos el 35 por ciento no tiene acceso a saneamiento físico legal, debido a que están afrontando un proceso judicial.

 

El objetivo es lograr que el Congreso debata, discuta y apruebe el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que textualmente dice: “ El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley…”.

 

“…A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”, continúa la norma.

 

Por otro lado, Benites Acuña, sostuvo que hasta la fecha se ha logrado que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) intervenga a Epsel respecto al colapso de desagües. Lo cual no se ha solucionado al cien por ciento, pero existe un avance.

 

Asimismo, manifestó que de los 170 pueblos jóvenes que existen en Chiclayo, cerca de 80 aún carecen de los servicios básicos. Situación que resulta preocupante y las autoridades de turno deben dar mayor énfasis.