Descontrol total. Un escándalo de mayúsculas proporciones se activó al interior de la Contraloría General de la República, el mismo que salpicó en gran manera a la gerencia de esta dependencia en la región Lambayeque.

 

El hecho nace a raíz de la convocatoria para el Fortalecimiento de las Unidades Orgánicas de la Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental, la cual consistía en un examen con mil 383 vacantes a nivel nacional, de las cuales, 26 eran para Lambayeque.

 

Dicho proceso, tras varios y fuertes cuestionamientos como observaciones a la empresa contratada y encargada de la evaluación, fue suspendido por el inicio de una exhaustiva investigación ordenada por la misma Contraloría.

 

Esta situación provocó a que un gran número de postulantes que aprobaron y se adjudicaron una de estas plazas en concurso recurrieran al Poder Judicial reclamando su derecho adquirido, habiéndole dado la razón a más de uno en todo el país, entre ellos, a una auditora lambayecana.

 

 

 

‘El Decano de la Prensa Lambayecana’, La Industria, logró ubicar a varios de los auditores de la Contraloría –sede Lambayeque– que postularon y aprobaron la evaluación, cuya mayoría, según indicaron, recurrió al Poder Judicial y están a la espera de que también les admitan su acción de amparo.

 

“Las Disposiciones Finales de la convocatoria en el numeral 4.1.12 del numeral 4.12 es clara e indica que, lo resuelto por el comité de selección es inimpugnable, no admitiéndose pedidos de reconsideración; por lo que el 1 de abril de 2019 debieron estar asumiendo sus nuevos cargos; conllevando a que algunos auditores ganadores se trasladaran a sus nuevos lugares de trabajo”, afirmó un grupo de denunciantes, quienes por temor a represalias pidieron mantener sus nombres en reserva.

 

Asimismo añaden, que los 26 auditores declarados ganadores de una vacante por parte de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, jamás pudieron efectivizar la posesión de cargo, esto debido a que la Secretaría General de la Contraloría General de la República, el 1 de abril del presente, ordenó la suspensión de la etapa final del proceso por el plazo de 5 días hábiles.

 

“Esta Secretaría General motivó su decisión en cuestionamientos planteados por la empresa TEA Ediciones S.A.U, respecto a los derechos de autor, relacionados a la evaluación psicotécnica BAT-7 aplicada a los postulantes por la empresa A y C Analisys and Consulting EIRL., la misma que cobró por este servicio, 30 mil soles”, precisaron.

 

Cabe precisar que, dicha empresa fue contratada para elaborar y procesar los exámenes, pero una denuncia puso en evidencia que dicha contratista no tendría la experiencia exigida por las normas y que las pruebas no serían de su propiedad intelectual.

 

 

 

Los auditores denunciantes advierten que la Contraloría no solo habría contravenido las disposiciones finales de la convocatoria, también la ley, acto que quedó consumado el 8 de abril último, cuando el ente de control comunicó su decisión de mantener la suspensión del proceso debido al inicio del procedimiento de verificación de validez del servicio prestado por la empresa evaluadora.

 

Para los denunciantes, con esta determinación, la Contraloría les recortaba los derechos adquiridos como auditores ganadores de la prueba, invocando, en este punto, la Ley N° 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, en su numeral 12.1.

 

“Esta ley señala claramente que los derechos adquiridos de buena fe por terceros generan la imposibilidad de declarar efectos retroactivos en una resolución de nulidad por vicios; con lo cual a la Contraloría le correspondía únicamente efectuar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios que hubieran dado lugar a los hechos advertidos”, explicaron.

 

 

 

Como si no fuera poco, narran los auditores, el 2 de mayo del presente, la misma Secretaría General, vía Resolución N° 018-2019, resolvió declarar la nulidad de oficio de la etapa de evaluación de conocimiento y psicotécnico de la convocatoria interna.

 

Con esta decisión también se anulan los actos realizados con posterioridad a esta, retrotrayéndose la convocatoria a la mencionada etapa de evaluación de conocimiento y psicotécnica, evaluación que no fue cuestionada en los dos comunicados previos, comentan los denunciantes.

 

“Pero esta última resolución igual muestra serias incongruencias y conductas irregulares, sobre todo cuando menciona un supuesto incremento de dos puntos a los postulantes por parte del comité; sin embargo, no se evidencia ni se menciona el acta emitida por el comité donde se habría adoptado el acuerdo, cambiando totalmente el contenido de sus comunicados emitidos (1 y 8 de abril), alegando ahora que el comité es el culpable de todo”, refirieron.

 

 

Los auditores indicaron que la afectación se da en todo el país, por lo que a fin de salvaguardar sus derechos ganados, muchos servidores postulantes que aprobaron la evaluación presentaron medidas cautelares y amparos, destacando que la Corte Superior de Justicia de Junín aceptó el amparo de 15 de sus compañeros.

 

“A pesar de la fundamentación del Poder Judicial, la Contraloría continuó con la decisión de llevar a cabo el proceso, informando a sus auditores el día jueves 6 de junio de 2019, que el nuevo examen se llevaría a cabo solo 3 días después, es decir, el último domingo 9 de junio de 2019”, reclamaron.

 

Se resalta que acá en la región Lambayeque, el pasado 7 de junio, vía Resolución Número Dos, el 7° Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo de la jueza, Karina Fabián Palomino, resolvió “admitir a trámite la demanda sobre proceso de amparo interpuesta por Manuela Teresa Zúñiga Rodríguez (auditora ganadora de una vacante) contra la Contraloría…”.

 

Además, la jueza ordenó que se confiera traslado a la parte demandada (Contraloría y su procurador) por el plazo de cinco días, para que se apersone al proceso y ejercite su derecho de defensa.

 

“…emplácese con los actos postulatorios al procurador público a cargo de la Contraloría General de la Republica…”, acota la resolución.