El acalde de la provincia de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, confirmó que aún no tienen actualizados los documentos de gestión, por lo que pedirá al Concejo Municipal una prórroga. Sin embargo, de acuerdo al perfil del Manual de Organización y Funciones (MOF) son cuatro los funcionarios que incumplen con este documento.

 

“Justamente hoy (ayer) nos vamos a reunir porque estamos convocando a concejo esta semana y tenemos que presentar el avance o el informe final con respecto a la emergencia administrativa. Pediremos una ampliación”, señaló la autoridad.

 

Asimismo, dijo que para poder actualizar los documentos de gestión, han contratado a un consultor, “para que nos ayude pero la idea es poco a poco ir mejorando con estos documentos que son importantes, pero vamos a evaluar. Hemos actualizados algunos perfiles, hemos hecho las coordinaciones con cada una de las áreas de acuerdo a la función que van a desempeñar”, señaló.

 

Como se recuerda, el Órgano de Control Institucional (OCI), en enero del presente año le advirtió al alcalde de Lambayeque, que cinco de sus funcionarios no cumplen con lo establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

 

El OCI señala que el gerente de Infraestructura José Baltazar Flores Mino, es arquitecto de profesión y de acuerdo al ROF debería ser ingeniero. Asimismo, el gerente de Desarrollo Económico, Edgar Dante Saavedra Zapata, es ingeniero Agrónomo y para el cargo se requiere a un licenciado en Administración de Empresas. En la Subgerencia de Equipo Mecánico se requiere un bachiller en Ingeniería Mecánica; sin embargo, el cargo lo ocupa César Silva Olivera, ‘experto en maquinaria pesada, vehículos y motores’.

 

La Subgerencia de Asistencia Alimentaria debería estar ocupada por una profesora; sin embargo, el cargo fue entregado a Rosa Silva Torres, ‘profesional’ capacitada en Gestión Pública.

 

Por último, en la Subgerencia de Desarrollo Económico y Promoción Urbano y Rural debería ser asignado a un arquitecto, pero a la fecha ocupa el cargo Néstor Chávez Taboada, ‘profesional’ experto en organización territorial.

 

El gerente general Juan Pablo Santamaría Baldera, fue el encargado de responder esas observaciones, el pasado 23 de enero del presente año.

 

En el descargo, Santamaría Baldera, señaló que la única intención fue de priorizar la calidad e idoneidad profesional y personal de cada uno de los designados. Asimismo, señala que cada profesional está relacionado directamente al cargo.

 

Luego de ese descargo, ya no se cursaron otros documentos, teniendo en cuenta que el municipio ya se encontraba en emergencia administrativa. Sin embargo, se desconoce qué acciones tomó el OCI desde el 12 de abril, fecha en que se acabó la emergencia administrativa.

 

“Estamos sometidos a fiscalización y control de los organismos de Contraloría. Somos respetuosos de ellos y creo que las personas que no cumplen el perfil, pues no van a estar en un puesto que no les corresponde”, aseguró.

 

El día de ayer la Contraloría inició un operativo para revisar si los funcionarios de confianza designados cumplen con los perfiles establecidos en los documentos de gestión vigentes, aprobados por la entidad o que estén impedidos de prestar servicios en la administración pública.

 

“Nosotros hemos sido evaluados por el OCI y nos advirtió en cuatro o cinco oportunidades por falta de información que no adjuntaron (los funcionarios). Al parecer esto ha sido subsanado. De no ser así, para qué hacerme problemas al tener a funcionarios y trabajadores que no cumplan el perfil. Me parece muy bien que Contraloría haga esta verificación a nivel nacional, porque los alcaldes deben trabajar con personal idóneo, personal preparado”, enfatizó.