En serios aprietos estaría la actual gestión edil chiclayana, luego de confirmarse la entrega de buena pro a una empresa operadora de residuos sólidos para el servicio de recojo y disposición final de los mismos por el periodo de tres meses, por lo cual la comuna desembolsará un millón 855 mil soles.

 

La operación a nivel de contratación con el estado no tiene ninguna observación, pero sí colisionaría con la normatividad vigente en materia de medio ambiente, puesto que según la normativa, una empresa operadora como Veolia Servicios Perú SAC., está obligada a que su disposición final sea en un relleno sanitario, mas no en un botadero como existe en Chiclayo.

 

Para tener un mejor panorama técnico y normativo, La Industria buscó que la oficina desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en esta ciudad nos dé alguna orientación, pero se disculparon de no pronunciarse, porque a pesar de ser desconcentrada, deben tener la autorización de la sede en Lima para declarar.

 

Contactamos a la responsable del área de Imagen de OEFA Lima, quien acogió nuestro requerimiento, pero al cabo de tres horas, nos comunicó que el órgano encargado de la interpretación de las normas era el Ministerio del Ambiente (MINAM).

 

 

 

Para disipar toda duda, La Industria entrevistó a la directora general de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, Katherine Elizabeth Riquero Antúnez, quien hizo una clara interpretación a las normas.

 

“Las empresas operadoras, todas, sin distinción, deben manejar los residuos de acuerdo a lo establecido en la norma, y esta establece que todos los residuos generados a nivel nacional deben ser dispuestos adecuadamente, que significa esto, en un relleno sanitario, y lo otro es valorizado”, indicó.

 

La funcionaria detalló, que la ley establece que las municipalidades tienen un plazo de dos años para presentar un plan de recuperación de áreas degradadas (botadero), por lo que durante este lapso pueden seguir disponiendo de los botaderos que usan, y paralelamente deben impulsar sus proyectos de relleno sanitario.

 

Dicho esto, se le preguntó, ¿las empresas operadoras contratadas por las municipalidades también pueden arrojar los residuos en estos botadores hasta por dos años?

 

“No, no, las empresas no, el servicio de limpieza pública es llevado a cabo por las municipalidades, estas son las responsables…si contratas a una empresa operadora acreditada para que te realice este servicio tiene que ir a un relleno sanitario, porque está obligada a ser una disposición adecuada tal como dice la ley…las operadoras no tienen la misma facultad que tienen las municipalidades”, explicó.

 

 

 

Pero algo que complica más la situación para la MPCh, es que como comuna provincial está obligada a supervisar que las empresas operadoras que brinden estos servicios en su jurisdicción, cumplan con arrojar los residuos sólidos en un relleno sanitario, mas no en un botadero.

 

“Según la norma, quienes son competentes y deben supervisar a las empresas operadoras son las municipalidades provinciales; y quien supervisa que sea una disposición final adecuada, es la OEFA”, aseveró.

 

Pero en este caso, la MPCh es la contratante de los servicios de la operadora, por lo tanto deberá ser la misma que controle, que como empresa formal (Veolia) no arroje los residuos en un botadero.

 

“Esa es una competencia de los municipios provinciales que está en la ley…en caso la municipalidad incumpla con esto, el órgano llamado a intervenir sería al Contraloría…sí, es un poco complejo el asunto”, acotó.