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Publicado el Martes, 02 de Abril del 2019

Aceptan que Código Procesal Penal tiene sus falencias

Sugieren que normas deben ser más drásticas, sobre todo en temas de criminalidad organizada
Ayer, las principales autoridades del Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque recordaron con una ceremonia especial, el décimo aniversario de la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal (CPP).
 
La cita sirvió para que el presidente de la Junta de Fiscales local, Jorge Arteaga Vera y la past presidente de la Corte de Justicia lambayecana, Ana Salés del Castillo (representando al presidente encargado, Marco Pérez Ramírez), brinden cifras sobre el desempeño del mismo, así como las falencias de este.
 
La Industria preguntó por la percepción ciudadana, la misma que no ve coherente que con este CPP (respecto a delitos contra la administración pública) cuando el delincuente confiesa su delito o se acoge a la confesión anticipada recibe una sentencia suspendida en su ejecución; mientras que si otro delincuente roba un celular, va 13 años a la cárcel.
 
“Cada fiscal y cada órgano jurisdiccional a través de sus jueces penales son autónomos. Las figuras, las estrategias que realicen, sean condenas efectivas o no, deben ser una respuesta personal de cada magistrado”, indicó Arteaga Vera.
 
El fiscal superior agregó, que los jueces, fiscales y policías, no son los que determinan la pena, por existir un marco legislativo mínimo y máximo, tomando en consideración –explicó– que el delito de robo agravado tiene una pena mínima de 12 años.
 
“Mientras que ciertos delitos contra la administración pública donde se atenta contra los erarios tienen una pena de 4 años, no pudiendo ahí lo operadores de justicia ir contra la ley, en todo caso el Gobierno Central o el Congreso de la República deberían ser más duros o más drásticos”, comentó.
 
Sobre el mismo asunto, la past presidenta de la Corte de Justicia (Ana Salés), consideró estos puntos como una falencia del CPP, describiendo que la nueva forma de criminalidad organizada que ahora se implementa, implica un nuevo cambio en la estrategia por parte de los representantes del Ministerio Público.
 
“A veces ellos (fiscales) por asegurar una condena anticipada van a formas especiales como la terminación anticipada; sin embargo, si no hay ninguna impugnación (a esta condena), no será revisada por un órgano superior, de repente podría darse una legislación donde se ordene que un órgano superior la revise”, sugirió.
 
Salés del Castillo enfatizó, que debe entenderse que la región está frente a una nueva forma de criminalidad organizada, cuando Lambayeque siempre estuvo acostumbrado a hurtos y robos agravados, “pero ahora necesitamos formas más inteligentes y estratégicas para poder superar estas barreras para estas nuevas formas de criminalidad organizada”, reveló.
 
 
‘LOS CORCHINES’
 
En lo que sí fueron más que cautos ambos magistrados, es cuando se les requirió aclaren que, si la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) es la competente para investigar el caso ‘Los Corchines de la Corrupción’, tal como plantea la defensa legal del imputado líder de esta mafia, el exalcalde, David Cornejo Chinguel, que sostiene que debe ser la Fiscalía Anticorrupción.
 
“No puedo dar mayores detalles porque yo integro los órganos jurisdiccionales, no puedo adelantar nada”, expresó la jueza, Ana Salés.
 
Mientras que Jorge Arteaga, manifestó, “tengo entendido que la audiencia en donde se ventilará este caso se ha reprogramado para mayo, pero como presidente de esta Junta de Fiscales, no podría señalar qué fiscalía o juez es el competente, eso tendrá que determinarse en una audiencia judicial”.
 

DÉFECIT
 
Con relación al presupuesto que esta Junta de Fiscales recibió para este año, Jorge Arteaga dijo que su despacho solicitó cinco millones de soles, pero el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, solo les consideró la mitad.
 
En este punto, Arteaga Vera sostuvo que el Presidente Martín Vizcarra anunció una ampliación presupuestal progresiva de 24 millones de soles para el Ministerio Público, esto para atender requerimientos en anticorrupción y violencia de género, debiendo esperar cómo se materializará esta ampliación para Lambayeque.
 
Sobre este mismo tema, se le preguntó a Ana Salés, ¿también hay déficit presupuestal en la Corte de Lambayeque? “No manejo los números, porque no soy la titular”, respondió.
 
La Industria apeló a que Salés del Castillo fue hace poco titular de esta Corte, para que comente si esta dependencia también sufre por el tema presupuestario, “siempre hay un déficit, nos mantienen con el presupuesto inercial”, acotó.
 

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