Mediante una acción simultánea practicada a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL), el Órgano de Control Institucional (OCI), detectó una serie de hechos que pondría en grave riesgo la supervisión de la obra “Mejoramiento del plan maestro de saneamiento en Monsefú”, servicio contratado por esta entidad.

 

El primer caso que expone el OCI, es que el equipo supervisor aprobó valorizaciones que incluían partidas con porcentaje de avance a setiembre de 2018 entre el 60 por ciento y 100 por ciento, a pesar que la contratista no las ejecutó o faltan concluir.

 

Esto, para el órgano de control, “generó el riesgo de que se pague por trabajos no realizados”.

 

Una segunda advertencia radica en que la supervisión de obra no advirtió avance mínimo y la paralización de algunos frentes de trabajo, a pesar que estaba próxima la fecha programada para su culminación; así también, la realización de subcontrataciones.

 

Todo esto –añade el OCI– pese a no estar permitido, según las bases, “generando el riesgo de continuas postergaciones por atrasos injustificados en la ejecución de la obra”.

 

Otro riesgo, en este punto, es que se genere el incumplimiento de los plazos por parte del contratista y la entidad sin el cobro de penalidades y la afectación al servicio del público usuario.

 

 

 

Otro punto cuestionado, consiste en que la supervisión no advirtió ni adoptó medidas para subsanar observaciones ante la deficiente ejecución en reposición de pavimentos, ni respecto a falta de medidas de seguridad.

 

Todo esto generó, “el riesgo de deterioro prematuro del pavimento que afectaría su vida útil y que en la liquidación del contrato, la entidad no deduzca las partidas de seguridad que el contratista no utilizó en la obra”.

 

Por último, advirtió que la contratación directa de personal para ejercer labores de supervisión de la obra, “sin precisar en sus contratos funciones específicas, control de permanencia y emisión de informes de labores efectivas en obra”.

 

Lo cual, para la Contraloría, “genera el riesgo que estos no adviertan ni alerten respecto a deficiencias en la ejecución, pagando por dichos servicios sin contar con respaldo para exigir su cumplimiento”.

 

Otro riesgo que el OCI señala en este aspecto, es el incumplimiento del convenio por la falta de designación del coordinador.

 

 

 

El OCI también observa que la supervisión de la obra estuvo a cargo inicialmente por personal de la entidad ingenieros: Víctor Alejandro Rodríguez Zelada (de 18 de marzo de 2017 al 18 de julio de 2017); Carmen Torres (de 18 de julio de 2017 al 10 de agosto de 2017) y Eduardo Vásquez Figueroa (de 10 de agosto de 2017 al 14 de septiembre de 2017).

 

Posteriormente –dice el documento– hasta la fecha, la jefatura de la supervisión está a cargo del ingeniero Víctor Hugo Recuenco Céspedes con una serie de especialistas, contratados bajo la modalidad de servicios específicos y desde mayo de 2018, mediante contratos de trabajo para obra determinada.

 

“Cabe precisar, que desde junio de 2017 a la fecha se han contratado 21 personas para la supervisión de la obra, siendo que actualmente mantienen contrato con EPSEL siete colaboradores”, reza la acción simultánea.