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Publicado el Jueves, 02 de Abril del 2026

Hallan vicios en contratos CAS en municipio de Olmos

Contraloría informa falta de transparencia y perfiles mal diseñados en el proceso de selección en Olmos.
El informe N° 0062026 OCI revela falta de transparencia y perfiles mal diseñados en el proceso de selección de personal CAS.

La gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Olmos se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. La Contraloría General de la República, a través de su Órgano de Control Institucional (OCI), ha emitido el Informe de Orientación de Oficio N° 0062026OCI/2137SOO, tras una exhaustiva evaluación realizada entre el 22 y el 25 de marzo de 2026. El documento advierte sobre vicios en las bases del proceso de selección de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), lo que podría invalidar las contrataciones realizadas.

Según el equipo de auditores, la municipalidad habría aprobado bases que no se ajustan a las disposiciones de SERVIR ni a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026. La principal “situación adversa” identificada radica en la falta de precisión técnica para los perfiles de los puestos convocados, lo que permite una excesiva discrecionalidad por parte del comité de selección al momento de calificar a los postulantes.

El informe detalla que el proceso CAS Transitorio N° 022026MDO carece de etapas de evaluación debidamente estructuradas. Se detectó que no se establecieron con claridad los puntajes mínimos aprobatorios para la evaluación curricular ni para la entrevista personal, lo cual es un requisito indispensable para garantizar la meritocracia. “La ausencia de criterios objetivos de evaluación genera el riesgo de que se incorpore personal que no cuenta con la idoneidad técnica necesaria para el cargo, afectando la eficiencia de la administración pública”, señala una de las conclusiones del informe.

Además, el OCI advirtió que no se cumplió con la debida publicación de las convocatorias en los plazos previstos por el marco legal, limitando así la libre concurrencia de postulantes y vulnerando el principio de transparencia que rige todas las contrataciones del Estado.
 

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