Investigan presunto uso de diplomas falsas
Trabajadora de la Municipalidad de La Victoria habría presentado certificados falsificados para obtener una plaza CAS.
La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria ha dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Ana María Rangel Togas, como presunta autora del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento falso. El caso, bajo la carpeta fiscal N°. 2406074500202466400, está a cargo de la fiscal Jacqueline Rodas Sánchez y afecta a la Municipalidad Distrital de La Victoria y a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).
Según los actuados judiciales, el origen de la indagación se remonta al 8 de mayo de 2024, cuando Rangel Togas postuló al concurso público de méritos CAS N° 0012024MDLV para acceder a una plaza como inspectora en la Unidad de Tránsito y Transporte de la comuna victoriana. Para adjudicarse el puesto, la investigada incorporó a su currículum vitae dos certificados académicos que posteriormente encendieron las alarmas de las autoridades durante el proceso obligatorio de control posterior realizado por la entidad municipal.
El primer documento cuestionado es un certificado del taller ‘Estrategias de Desarrollo paraMejorar la Seguridad Vial en la Zona Urbano Central Chiclayo’, fechado el 4 de julio de 2019. El segundo corresponde a un diploma en ‘Gestión Pública para el Desarrollo Social y la Gobernabilidad’, del 22 de enero de 2020. Ambos documentos aparecían refrendados con logotipos y supuestas firmas de directivos de la citada universidad.
La investigación fiscal tomó un rumbo definitivo tras recibir el oficio N° 04802024DFACHSE de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación de la UNPRG. En dicho informe, el decano confirmó de manera categórica que en esa unidad académica ‘NUNCA se ha dictado el taller señalado’. Asimismo, la casa de estudios reveló un dato fulminante: el licenciado Miguel Hugo Ramos Bazán, cuya firma aparece en las constancias como jefe de Asuntos Pedagógicos, se encontraba en condición de cesante antes del año 2019. Por lo tanto, resultaba imposible que hubiera suscrito dichos documentos, determinándose formalmente que los certificados son falsos.
Ante las evidencias recopiladas en la etapa preliminar —que incluyen denuncias del procurador municipal Juan Miguel Huancas Muñoz y los informes legales de la UNPRG—, el Ministerio Público concluyó que existen indicios reveladores y una “sospecha relevante” que vinculan a la imputada con el ilícito.
