Hace más de una década, el caso de ‘Los Limpios de la Corrupción’ marcó a nuestra región, pues mostró con nombres y montos cómo una red de corrupción puede apropiarse del presupuesto que nos pertenece a todos.

 

Como se sabe, entre el 2008 y el 2014, un grupo de funcionarios públicos desvió sistemáticamente millones de soles del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para su beneficio personal a través de licitaciones amañadas y trabajadores fantasma. Este 2026, la investigación cumple 8 años y más de 80 personas investigadas están sin sentencia.

 

Se trata de un problema que, lejos de quedarse en el pasado, sigue afectando las cuentas de la región. Según el reporte más reciente de la Defensoría del Pueblo, al primer semestre de 2025, Lambayeque registró 262 casos de corrupción en trámite. De este total, la mayoría se concentra en las municipalidades, con 111 investigaciones abiertas, lo que representa el 42 % de los casos totales.

 

“Las municipalidades manejan una parte importante del gasto público en inversión y servicios, pero con frecuencia son las instituciones con menor capacidad de control interno. Esto las convierte en el nivel de gobierno más vulnerable, pues hay más recursos que gestionar y menos mecanismos para vigilar cómo se usan”, señaló Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

 

El caso de ‘Los Limpios de la Corrupción’ le costó a Chiclayo más de 100 millones de soles en recursos originalmente destinados a realizar obras públicas y mejorar los servicios de la ciudad, según la Contraloría General de la República. Pero ese es solo el caso más visible.

 

En 2023, según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) más reciente, Lambayeque perdió 13 soles por cada 100 de gasto público debido a actos de corrupción. Esta fuga de recursos, que sumó 579 millones entre las municipalidades, el gobierno regional, y el gobierno nacional, equivale a la inversión necesaria para construir más de 110 postas médicas en toda la región.

 

 

El dinero que no llega a su destino tiene consecuencias más directas en los hogares con mayores desafíos. “La corrupción actúa como un impuesto invisible que golpea con mayor severidad a los sectores vulnerables que más dependen de los servicios públicos. En Lambayeque, estarealidad se refleja en que uno de cada dos hogares carece de acceso al paquete completo de agua, saneamiento, electricidad y conectividad, según el Observatorio del Bicentenario. Cuando el dinero público se desvía por la corrupción, la posibilidad de cerrar estas brechas se vuelve cada vez más distante”, sostuvo León.

 

Sin embargo, la persistencia de estos delitos no solo afecta al presupuesto, sino que deteriora la confianza en las instituciones. Para frenar ese desgaste, diversos organismos proponen reformas estructurales que van desde el control interno hasta la fiscalización del financiamiento político. Según puntualiza León, es fundamental reforzar la aplicación de las medidas anticorrupción y establecer un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia que logre coordinar a las instituciones encargadas –como la Procuraduría y la Fiscalía– de velar por su cumplimiento.

 

“Cuando el Estado no controla bien cómo se gasta el dinero público, la corrupción deja de ser una cifra lejana y se vuelve algo cotidiano para la gente: postas sin medicinas, colegios inconclusos, pistas rotas o obras que tardan años en terminar. Por eso, más que crear nuevas normas, el reto es vigilar mejor cómo se usan los recursos y evitar que las irregularidades queden impunes”, explicó Carlos León, de REDES.

 

 

Esta pérdida económica tiene graves consecuencias para los ciudadanos, ya que cuando los fondos públicos se desvían debido a la corrupción, se pierde la oportunidad de financiar servicios esenciales y mejorar el acceso a servicios básicos. En efecto, 1 de cada 2 hogares lambayecanos no cuentan con acceso al paquete completo de servicios básicos, que incluye agua, saneamiento, electricidad, telefonía e internet (INEI, 2024).

 

La corrupción y la mala gestión de los recursos también se reflejan en el retraso de proyectos de inversión pública. Según la Contraloría (2024), a marzo de este año, en Lambayeque existen 58 obras paralizadas en los tres niveles de gobierno, por más de S/ 662 millones. Entre las más importantes, se encuentran:

 

Las pérdidas por corrupción afectan a la región de Lambayeque ya que limita el acceso a servicios básicos de calidad. De hecho, la corrupción es percibida como uno de los tres problemas que más afecta al norte de nuestro país (IEP, 2024). Por ello, resulta urgente establecer medidas para luchar contra la corrupción, lo cual permitiría un mejor desarrollo de la región y bienestar de las familias.  

 

 

Detrás de los actos de corrupción hay protagonistas, unos más famosos que otros, pero todos con una práctica recurrente: vicios e irregularidades en las contrataciones públicas. Los casos más sonados han sido los de los exalcaldes de Chiclayo: Roberto Torres Gonzales (20072014) y David Cornejo Chinguel (20152018), ambos en prisión por haber encabezado organizaciones que generaron perjuicios millonarios al Estado, pero cuyos procesos judiciales aún están en curso. De hecho, en el caso de Torres Gonzales fue enviado a prisión.

 

Las dos organizaciones: “Los Limpios de la Corrupción” y “Los Temerarios del Crimen”, tuvieron connotación nacional, al igual que el caso del exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, pues sus redes involucraron, según la Fiscalía, a congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura e incluso de la misma Contraloría General de la República.

 

El ex gobernador regional y actual secretario nacional de Organización de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, fue condenado a tres años de cárcel suspendida e inhabilitado por el mismo período para el ejercicio del cargo público por sobornar, a través de su cuñado, exprocurador anticorrupción de Lambayeque, a un agente de la Policía Anticorrupción para frenar una investigación en su contra.