Transporte en la mira de Anticorrupción
Fiscalía investiga presunta colusión en transporte y funcionarios deben acudir a declarar ante la Dircocor.
Una investigación por presuntos actos de corrupción sacude al área de Transporte en Chiclayo.
Agentes especializados y la Fiscalía Anticorrupción han iniciado diligencias contra funcionarios de la comuna provincial, quienes deberán rendir declaración en los próximos días en el marco de una indagación por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado.
El equipo periodístico de La Industria accedió al Oficio N.° 0942026COMO PPOLDIRMICDIRCOCOR, mediante el cual se solicita a la alcaldesa provincial la remisión urgente de documentación clave vinculada a la gestión del sistema de transporte.
Este requerimiento se enmarca en la carpeta fiscal N.° 5582025FPCEDCLambayeque, donde se investigan graves inconsistencias detectadas en el funcionamiento administrativo del sector.
Según el documento, la autoridad edil tiene un plazo de cinco días hábiles para entregar un informe detallado sustentado en las acciones adoptadas frente a las observaciones contenidas en el Informe Municipal N.° 00001322025MPCH/GTIE, de fecha 13 de octubre de 2025.
Dicho informe fue elaborado por el gerente de Tecnología de la Información, Roberto Martín Celis Osores, y dirigido al gerente municipal, Carlos Paredes García, respecto al avance del Sistema Informático Administrativo de Gestión de Tránsito y Transporte SIAGTT).
Se ha requerido copias certificadas de resoluciones, autorizaciones de empresas de transporte, habilitaciones vehiculares, renovaciones, suspensiones, así como la certificación del TUPA y el plan de implementación del sistema informático.
Los hallazgos son alarmantes. De acuerdo con el informe, el sistema de la comuna registra 165 empresas de transporte, de las cuales más del 50% presenta autorizaciones vencidas y vienen realizando todo tipo de tramites como renovación del TUC, habilitación por sustitución de vehículos, incremento de flota.
A ello se suma un total aproximado de 7,317 unidades vehiculares asociadas a empresas con vigencia caducada, lo que evidenciaría un grave descontrol administrativo.
Asimismo, se detectaron 741 unidades registradas con fecha de habilitación posterior a la autorización de 66 empresas, una situación irregular que pone en entredicho la legalidad de estos procesos.
Otro punto crítico es la inexistencia de normativa vigente para regular el servicio de taxi disperso, pese a que se han identificado al menos 4,192 unidades inscritas bajo esta modalidad en el sistema, la cual ni siquiera está contemplada en el TUPA institucional.
Pese a estas graves inconsistencias, el informe advierte que empresas con autorizaciones vencidas continúan realizando trámites administrativos como renovación de tarjetas únicas de circulación, habilitaciones por sustitución de vehículos e incluso ampliaciones, lo que refuerza las sospechas de posibles actos irregulares dentro de la gestión.
