Las excavaciones revelaron no solo los cimientos de la primera iglesia franciscana del valle, sino también restos de una arquitectura prehispánica, incluyendo una rampa y plataforma de filiación cultural Lambayeque. Se identificó un templo de una sola nave de más de 50 metros de largo y casi 16 metros de ancho, además de ambientes anexos y una torre campanario.

El hallazgo de más de 115 entierros coloniales dentro de la nave principal y la capilla lateral, con esqueletos que datan de los siglos XVI o XVIII y en su mayoría de infantes y niños, ofreció una visión conmovedora de la vida y las tragedias de la población Mochica colonial.

Estos descubrimientos evidencian una muerte masiva, posiblemente por epidemias o desastres naturales, y la profunda fe cristiana de los enterrados.

Lamentablemente, la construcción de la actual capilla en 1972, sobre los restos de la iglesia colonial, ya había complicado la preservación. Se presume que el presbiterio de la iglesia original se encuentra bajo esta edificación moderna, lo que añade otra capa de complejidad a su posible recuperación.

EL SELLADO QUE SEPULTÓ LA INVESTIGACIÓN

Las labores arqueológicas se detuvieron abruptamente en 2010, supuestamente por falta de fondos.

Los restos estructurales fueron “encapsulados” con adobe, el área fue cubierta con arena y se levantó una protección temporal. Sin embargo, lo que se presentó como una medida de resguardo se ha convertido en un nuevo problema.

El “comité multisectorial” que gestiona la zona alega haber solicitado permiso a la Dirección de Cultura en 2018 para sellar las excavaciones, y que incluso recibieron asesoramiento. Pero para el arqueólogo Centurión, esto no otorga ningún derecho de posesión o administración sobre un Patrimonio Cultural de la Nación.

La Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, es clara: todo bien inmueble que forma parte del patrimonio es propiedad del Estado, intangible, inalienable e imprescriptible. Su administración recae exclusivamente en el Estado, y cualquier intervención requiere autorización expresa del Ministerio de Cultura. Centurión subraya que la siembra de césped sobre los cimientos de la iglesia, una acción que ha continuado hasta la fecha, viola directamente esta normativa, generando una humedad que es corrosiva para el adobe antiguo en un ambiente ya de por sí salino y húmedo.

El arqueólogo advierte que, si el desconocimiento sistemático y la falta de respeto a la normativa están causando un daño irreparable al patrimonio, la edificación que lo cubre e incluso el césped deben ser retirados. “Son una joya arquitectónica no solo porque corresponde a la primera iglesia colonial franciscana construida en esta parte del valle, sino también porque es testigo del primer milagro eucarístico de las Américas, el único espacio con carácter sacro o consagrado por el milagro eucarístico que tiene el Perú”, enfatiza Centurión.

URGENTE LLAMADO A LA ACCIÓN

Centurión reitera que la misión de la Diócesis de Chiclayo es pastoral y de evangelización, mientras que las labores de investigación, conservación y protección del patrimonio son competencia exclusiva del Estado, a través del Ministerio de Cultura y sus direcciones desconcentradas. Asimismo, las municipalidades tienen la responsabilidad de cooperar y dictar medidas administrativas para la protección de los bienes culturales, siempre con la opinión previa del Ministerio de Cultura.

La situación actual en Ciudad Eten es crítica. Las imágenes satelitales y las visitas al sitio confirman que el área, que alguna vez albergó hallazgos arqueológicos vitales, hoy está cubierta por un manto de césped que, irónicamente, es su sentencia de muerte.