Entre los años 2022 y 2024 se logró sancionar a más de 4.164 fiscales a nivel nacional, de los cuales 2.175 casos corresponden a amonestaciones, 1.416 a multas, 459 suspensiones, 96 pedidos de destitución y 18 apartamientos.
En el ámbito del distrito fiscal de Lambayeque se aplicaron 100 sanciones, 9 suspensiones y existen dos pedidos de destitución. Se conoce que mayoría de los casos serían por presuntos retrasos en las diligencias, que es la infracción más frecuente.
Durante su visita, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jeri verificó el avance de la carga laboral, así como, la asistencia y permanencia de los fiscales de turno.
“Venimos visitando los diferentes distritos fiscales a nivel nacional. Queremos que sepan que estamos alertas al trabajo de control que realizan nuestras oficinas para identificar malos elementos que hacen daño a la imagen del Ministerio Público. Nuestra misión es recuperar la confianza y confiabilidad de la población”, indicó el jefe de la ANC-MP.
Se conoció que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene pendiente de resolver 120 casos de pedidos de suspensión y destitución contra 71 jueces y 49 fiscales involucrados en procesos disciplinarios y que pueden aumentar en los próximos meses.
A través de la plataforma del Estado se pudo constatar que la mayoría de casos están vinculados a 19 expedientes de 21 jueces y fiscales relacionados con organizaciones criminales. Estas organizaciones son “Los Cuellos Blancos”, “Los injertos de Huarmey”, “Los injertos de Nuevo Ayacucho/Los encubiertos de Cañete” y “Los Terribles de la Impunidad”de Junín.
También se observó que hubieron 138 amonestaciones y 146 sanciones a auxiliares jurisdiccionales. Asimismo, se vio el promedio porcentual aproximado de fiscales y jueces procesados a nivel nacional por la presunta comisión de delitos de corrupción fue del 1%.
Adicionalmente, se conoció que en 19 de 25 departamentos, las municipalidades distritales fueron las más agraviadas y en la región, hasta el 2020, se registraron 308 casos de entidades agraviadas con mayor incidencia en casos de corrupción.
