La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada decidió solicitar la ampliación de la investigación contra Agustín Lozano Saavedra y otros 17 involucrados en la presunta comisión delito de lavado de activos en agravio del Estado.

 

La decisión, que fue aceptada por instancias superiores, decidió programar la diligencia de constatación y declaración del representante legal del club Juan Pablo II y de sus coinvestigados.

 

Asimismo, se oficie a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP (a nivel nacional) para que remita copias certificadas de las partidas y/o fichas registrales de los bienes inmuebles, muebles y/o vehiculares; como mandantes o mandatarios; como socios, accionistas, titulares, gerentes o apoderados de personas jurídicas; como beneficiarios de concesiones mineras a nivel nacional acciones o participaciones, sucesiones intestadas, testamentos.

 

De igual forma, se dispuso oficiar al Órgano Centrado de Prevención LA/FT de Notarios a fin de que por su intermedio, los diferentes notarios del Perú remitan copias autenticadas de escrituras públicas o contratos de compra-venta y/o alquiler de bienes, muebles, inmuebles, vehículos, otros activos fijos y unidades de transporte, u otorgamiento poderes con esta finalidad u otros actos jurídicos, donde haya participado cada uno de los investigados.

 

También se solicitaría al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y Ministerio de Agricultura que remitan copias certificadas de la documentación de la formalización de predios informales que pudieran registrar los investigados.

 

Adicionalmente, se solicitará a Equifax – Infocorp el récord crediticio y comercial de los investigados, incluyendo el de su endeudamiento, morosidad, actividades de comercio exterior y demás con la que cuente. Lo mismo pasaría con el Registro Central de Valores y Liquidaciones – CAVALI a efectos de que informe si los investigados son titulares de acciones o de otros instrumentos negociables.

 

Finalmente, se dispuso que los investigados, en el plazo de 30 días naturales, cumplan con presentar los documentos sustentatorios respecto a sus ingresos, egresos, propiedades, negocios y/o empresas, que pudieran registrar como persona natural y/o en representación de personas jurídicas y se agregará el acta de búsqueda de información, transcripción y visualización referente a las declaraciones de Lozano en un medio de comunicación radial.