El Tribunal Arbitral, a través de la resolución N° 18, suspendió el pago de S/ 40 millones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) y el Gobierno Regional de Lambayeque por el justiprecio de expropiación del bien (terreno) donde se construyó la obra de mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Colectora, valorizada en más de S/ 8 millones.

Este órgano autónomo en materia de controversia acordó suspender el proceso debido a que existe un embargo en forma de inscripción y una orden de inhibición en contra del bien materia de litis, que dictó el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Corrupción de Funcionarios el 16 de septiembre de 2021 contra el exconsejero regional Miguel Bazán, investigado por el delito de colusión agravada en el caso Odebrecht.

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el bien en controversia forma parte de la sociedad de gananciales de Miguel Bazán y Katherine Florián. Esta última entabló el arbitraje para solicitar el pago de justiprecio de S/ 40 millones.

En ese contexto, la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo presentó los fundamentos para suspender el proceso de manera indefinida, puesto que el Juzgado Penal Nacional ha solicitado una indemnización de casi S/ 23 millones sobre el terreno, en el cual se construyó la avenida Colectora, en la ciudad de Chiclayo.

La ejecución de la obra se realizó en el período municipal del entonces gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, y el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, quienes fueron investigados por el Ministerio Público tras la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su figura de abuso de autoridad, por la construcción de la avenida Colectora.

Por el momento, se espera el pronunciamiento de las partes involucradas, así como de las acciones que vayan a tomar una vez conocido el fallo.