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Publicado el Martes, 27 de Febrero del 2024

Contraloría observa entrega de alimentos en La Victoria

Municipalidad de La Victoria recibe observaciones sobre reparto de productos.
Municipio otorgó insumos a ciudadanos que no pertenecen a los comités del programa social Vaso de Leche.La Contraloría General de la República identificó situaciones adversas en la distribución de alimentos por parte de la Municipalidad Distrital de La Victoria a los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (PVL) de 2024.
OBSERVACIONES
Según detalla el Informe de Hito de Control N° 003-2024, emitido en febrero del año en curso, el ente de control realizó la revisión de la documentación de entrega de productos desarrollada en enero de este año por el municipio, en la cual se verificó que facilitó leche evaporada y hojuelas del Vaso de Leche a ciudadanos que no pertenecen a los comités de este programa social.
Es decir, los ediles distribuyeron los productos a varias personas ajenas a juntas directivas del Comité de Vaso de Leche reconocidas mediante resolución administrativa por la municipalidad.
Asimismo, se evidenció que la entidad edil distribuyó leche evaporada y hojuelas a 14 comités cuyas resoluciones de reconocimiento de Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche tienen duración mayor de dos años, situación que contradice a lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 27470, que señala claramente que la duración máxima del citado comité es de dos años.
Además, se halló que la comuna distribuyó dichos alimentos a un comité cuya resolución de reconocimiento de Junta Directiva del Comité de Vaso de Leche no se encuentra en el acervo documental del Área del PVL de la comuna.
También, se está distribuyendo leche evaporada y hojuelas a dos comités que aún no tienen aprobada la resolución de reconocimiento por parte de la entidad municipal.
Por otro lado, la entidad fiscalizadora superior determinó que esta situación genera el riesgo en la distribución de los productos del PVL, pues se otorgan a comités de Vaso de Leche que superaron el ejercicio de sus funciones, y a ciudadanos no reconocidos de acuerdo a la normativa legal, afectando los objetivos del programa social.
 

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