OCI asegura que postor no cumplía con requisitos, pero fue beneficiado con orden de servicio de S/ 5 000
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación advirtió que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe habría direccionado la contratación de un profesional de psicología que se encontraba impedido de licitar con el Estado. El Informe de Acción Posterior N° 035-2023 detalla que en noviembre de 2022, el ciudadano Juan Carlos Silva Arenas fue contratado por esta Ugel a pedido de la oficina de Gestión Pedagógica para el servicio denominado “Apoyo en Psicología a 12 instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria y 33 estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad” en los distritos de Incahuasi y Cañaris, provincia de Ferreñafe. El valor de la contratación fue de S/ 5 000.
Sin embargo, el profesional se encuentra impedido de licitar con el Estado en atención al Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe la contratación del “cónyuge, conviviente, o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de los jueces de las cortes superiores de justicia en “el ámbito de competencia territorial”. Juan Carlos Silva Arenas es hijo del juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Carlos Alfonso Silva Muñoz, es decir tiene el grado de parentesco por afinidad en primer grado, como comprobó el OCI en el Sistema de Declaraciones Juradas de Intereses, un aplicativo de la Contraloría de la República.En ese sentido, el impedimento de Silva Arenas debió anular la orden de servicio, como exigen al menos tres artículos de la mencionada norma de contrataciones.
Direccionamiento
El informe de control también evidenció que el proveedor no cumplió con los requisitos para ser beneficiado con la orden de servicio. Silva Arenas debió acreditar especializaciones en educación inclusiva, especial o de atención a las necesidades educativas especiales, pero al no hacerlo, el OCI infirió que el proceso de contratación pudo haber sido direccionado. “Los hechos irregulares evidenciados por el Órgano de Control Institucional en el proceso de contratación del servicio de profesionales en Psicología (...) evidenciarían la existencia de un presunto direccionamiento para beneficiar al proveedor Juan Carlos Silva Arneas con la adjudicación de una orden de servicio por el importe de S/ 5 000”, se desprende del documento.
