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Publicado el Lunes, 12 de Junio del 2023

Acusan a implicados de Geresa en compra de planta de oxígeno

Funcionaria y trabajadores de la GERESA habrían participado de acto colusorio durante emergencia sanitaria.
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formuló acusación contra la exdirectora ejecutiva de Administración de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), Alejandra Luxury Facundo Cruz, por haber pretendido direccionar la contratación pública “construcción de la central de oxígeno, camión baranda en el establecimiento de salud Cerropón”, en favor de la empresaria Dafnee Fabiola Lucero Silva, también comprendida en esta acusación.
 
El requerimiento alcanzó a los extrabajadores Segundo Pedro Manuel Ilquimiche Reyna y Jeniffer Mechato Mendoza, a quienes Facundo contrató para que revisen exclusivamente el referido expediente de contratación.
 
Para cada uno de los implicados, el fiscal José Guevara Gilarmas, solicitó una pena de 3 años y 3 meses, y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo tiempo.
 
Proceso
La investigación fiscal sostiene que en 2021, Facundo Cruz aprovechó su cargo en la oficina de Administración y su encargatura en la Oficina de Planeamiento Estratégico para requerir y formalizar las contrataciones de Segundo Ilquimiche y Jeniffer Mechato para la revisión de los expedientes de proyectos de inversión en establecimientos de salud, pese a que no se cumplía con los términos de referencia, ni seguían con el procedimiento regular, pues dichos trámites debieron ser atendidos por Logística.
 
La investigación también señala que la exfuncionaria sostuvo reuniones en el Gobierno Regional de Lambayeque, con la representante de Laboratorio LantinLab SAC., Dafnee Fabiola Lucero Silva, en las que también participaron Ilquimiche y Mechato, incluso cuando esta última había dejado de ser recientemente la asistente de la empresaria, lo que a decir de la Fiscalía evidenciaba una concertación ilícita.
 
Dentro de la acusación, a Alejandra Facundo se le atribuyó la condición de autor del delito contra la administración pública mientras que al resto, la calidad de cómplice.
Los hechos ocurrieron entre enero y marzo de 2021, y en plena emergencia por el Covid-19.
 

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