La Contraloría General de la República anunció que sancionará con la inhabilitación para laborar en el sector público a aquellos funcionarios que no actúen frente a situaciones de emergencia ocasionadas por desastres naturales o no gasten adecuadamente los recursos asignados a implementar las acciones aprobadas.
El contralor de la República, Nelson Shack Yalta mencionó que, en el marco de la potestad sancionadora restituida recientemente a la Contraloría, ahora ya se tipificaron conductas infractoras específicas en el proceso de sanción administrativa.
“Si estos funcionarios no responden diligentemente, si no gastan bien el presupuesto, si no atienden las necesidades urgentes de la gente en situaciones de emergencia entonces tendrán que ser procesados e inhabilitados para trabajar en la administración pública”, resaltó.
Entre esas conductas infractoras figuran el que no garanticen la prestación de algún servicio o respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.
También figura el dejar de actuar proactivamente, con diligencia, al ejecutar el gasto público y, en consecuencia, generar la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones.
Ante ello, durante su visita en la región Lambayeque, el contralor general se reunió con los miembros de los Centros de Operaciones de Emergencia de entidades de carácter regional, provincial y distrital, con la finalidad de revisar las medidas que se están adoptando para atender a los afectados y/o damnificados por las fuertes lluvias.
De esta manera, se busca asegurar la provisión de servicios públicos básicos, y también tomó nota de las problemáticas que afrontan sus entidades para actuar frente a las emergencias.
OBRA INCOMPLETA
El contralor constató los efectos de las obras incompletas de muros de contención y la demora en la ejecución de soluciones integrales que debieron concretarse años atrás como parte del plan de la Reconstrucción con Cambios en el río La Leche.
Agregó que, la Contraloría realizó diversos servicios de control simultáneo y posterior a las obras de descolmatación del Tramo I del cauce del río La Leche en el distrito de Íllimo, donde se detectó un perjuicio económico de más de S/ 11 millones.
