El Ministerio Público dispuso ampliar la investigación preliminar contra el exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya por presunto abuso de autoridad.

 

Mediante la Disposición n.° 3, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del fiscal Javier Quiroz Grosso, se dispone ampliar la investigación por el plazo de 60 días.

 

Las diligencias también atañen a los exfuncionarios de la Ugel Chiclayo: Janer Barboza Díaz, Celia Peralta Lalopu y Esther Ludeña Collantes.

 

En dicha disposición fiscal, se precisa que la ciudadana Odila Yolanda Cayatopa denunció a los exfuncionarios de la Ugel Chiclayo por haber suspendido el pago mensual de las pensiones de orfandad a Jenny Salgado Cayatopa y Yuri Salgado Cayatopa desde el mes de marzo de 2021.

 

La denunciante argumentó que las pensiones fueron abonadas en su cuenta bancaria como apoderada, sin embargo, el último abono se realizó en el mes de febrero de 2021.

 

Agregó que se realizó la suspensión del pago de ambas pensiones, no fueron notificadas con un acto administrativo que apruebe la suspensión, pese a que ya había transcurrido en demasía el plazo que tenía la autoridad administrativa para declarar de oficio la nulidad de las resoluciones administrativas, al haber transcurrido más de 7 años.

 

En 2021, la Fiscalía dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en el caso, pero se presentó la queja de derecho a dicha decisión y se ordena iniciar investigación preliminar.

 

Posteriormente, el ente fiscal dispuso citar a los exfuncionarios de Ugel para el 28 de febrero o 1 de marzo de este año para que hagan su descargo respecto a la denuncia.

 

Al respecto, el exdirector de la Ugel, Ángel Salazar explicó “el caso fue archivado inicialmente, se fue a queja y se apertura la investigación”.

 

Agregó “eso es responsabilidad del área de pensiones, yo como titular de la institución he sido citado para declarar”.

 

“Como director de Ugel solo emitimos resoluciones en lo que compete a reconocimiento de derecho…los administrativos citados tendrán que responder cuál fue el procedimiento que implementaron”, mencionó.