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Publicado el Viernes, 06 de Enero del 2023

Indicio de irregularidad en municipio de J. L. Ortiz

Comuna leonardina incumplió con remitir el informe correspondiente al año fiscal 2021.
La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) no presentó el informe anual del presupuesto institucional en materia de discapacidad a las entidades y comités de presupuesto e integración de personas con discapacidad, correspondiente al año 2021. Situación que afectó los intereses del estado, al no transparentar los resultados de su gestión a favor de la población con discapacidad.
 
El referido indicio de irregularidad se expone a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 19942-2022-CG/DEN-AOP por parte de la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República.
 
En el referido documento se explica que, la Comisión de Control de la Subgerencia de Gestión de Denuncias revisó la información remitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), concluyendo que la MDJLO, no cumplió con remitir el informe anual sobre el uso autorizado del 1% del presupuesto institucional.
 
Dicho informe en materia de discapacidad, debió ser remitido a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.
 
Asimismo, no cumplió con remitir una copia de referido documento al CONADIS en el plazo de noventa días calendario de culminado el año fiscal 2021; plazo que venció el 31 de marzo de 2022.
 
En otra parte del documento, el Órgano de Control sostiene que la situación adversa afectó los intereses del estado, al no transparentar los resultados de su gestión a favor de la población con discapacidad; así también por dicho incumplimiento es pasible de sanciones y/o multas por parte del ente rector.
 
NORMATIVA LEGAL
De acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad, las municipalidades distritales contemplan en su estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) y consideran en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
 
Adicionalmente, la referida disposición señala que los gobiernos locales informan anualmente, por escrito, a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición.
 

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