Un día después de conocerse que el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque decidió empezar la nulidad del contrato firmado con Virgilio Acuña Peralta, hermano de los congresistas Mary y Héctor Acuña, por el alquiler de un local para que ahí funcionen dos colegios, porque la ley prohíbe este tipo de convenios con familiares directos de autoridades, se conoció que el Estado ya había desembolsado 125 mil soles a favor del contratista.

 

Así lo confirmó a La Industria el jefe de la oficina regional de Asesoría Jurídica del GORE, Branko Flores Muñoz, quien además explicó cómo y por qué se hizo este pago.

 

“Se desembolsó durante la firma de contrato, como una especie de adelanto; o sea como mes adelantado, así se pactó, solo se hizo el primer desembolso”, comentó.

 

Flores Muñoz fue enfático al indicar que no se realizó otro pago más a Virgilio Acuña y tampoco se le realizará, al contrario, “se va a recuperar el dinero que se pagó (adelantado), porque ese contrato es nulo, nulo de pleno derecho”.

 

Ante esto, la interrogante cayó sola ¿qué pasa si Acuña se niega a devolver el dinero? Flores contestó “ahí está el procurador del GORE para la demanda correspondiente, para indemnización por responsabilidad contractual”.

 

Branko Flores detalló la clara existencia de responsabilidades por parte de los funcionarios y servidores que gestionaron y firmaron el contrato de arrendamiento.

 

“Sí, hablamos de responsabilidades: administrativas, civiles y penales. La Ley de Contrataciones (del Estado) establece que, toda nulidad de contrato genera responsabilidades, obviamente la responsabilidad la determina cada órgano competente, en este caso Recursos Humanos y la Secretaría Técnica y el procurador”, enfatizó.

 

El jurista mencionó que el impedimento que tenía Acuña Peralta de contratar con el Estado era tan claro que “es imposible que no lo hayan notado (los funcionarios)”.

 

También se preguntó si estas responsabilidades alcanzan a los funcionarios de la actual gestión, ya que realizaron el control posterior tras enterarse por la denuncia en La Industria.

 

“Eso se tendrá que determinar con el análisis del expediente, pero sí, la responsabilidad es clara porque los funcionarios debieron primero pasar el filtro de las prohibiciones y desde ese punto no se debió haber gestionado nada más; sin embargo se gestionó, eso acarrea responsabilidades en los que suscribieron y omitieron la realización del control posterior”, precisó.

 

Sobre el cierre de esta edición y a pesar de haber gestionado desde temprano una versión, desde el Ministerio Público informaron: “la fiscal coordinadora de corrupción ha tomado conocimiento del caso y lo derivó al despacho fiscal de turno a fin que actúe de acuerdo a sus atribuciones”. Mientras que desde la Contraloría precisaron que ya tomaron acciones en el tema.

 

La Industria también entrevistó al exprocurador Anticorrupción de Lambayeque, Carlos Lazo Gutiérrez, quien considera que estos hechos hacen suponer estar frente a un delito de corrupción.

 

“Estos hechos tienen tres sanciones: administrativas, penales y civiles que podrían establecerse. En lo administrativo, al declararse nulo queda claro que esta existe; civil, también, porque ha generado perjuicio; y penal, podría ser en el entendido que ha sido una adjudicación directa”.

 

Lazo Gutiérrez manifestó que para él existen “hechos razonables para un presunto delito de colusión (corrupción)…delitos contra la administración pública…entre el contratante (GORE) y el contratista (empresario)”.

 

Carlos Lazo además ensayó otra hipótesis. “Yo considero que los funcionarios que contrataron con Virgilio Acuña sí tenían conocimiento que era hermano de dos congresistas, eso es de dominio público, no necesitas ser funcionario público para saberlo, por eso presumo una colusión…más aún, los que trabajan en el área de contrataciones son especialistas y conocen las normas, por eso están en esas áreas…por eso presumo colusión”.