Tres integrantes del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) se encuentran investigados en la presunta organización criminal (OC) “Asesores en la sombra” del presidente Pedro Castillo.
El decano de la Orden institucional sostuvo que no se aplicará ninguna norma interna o Código de Ética, mientras no terminen las investigaciones.
Como se sabe, hace dos días, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 30meses contra algunos miembros del ‘Gabinete en la Sombra’, entre los que se encuentra el exasesor Salatiel Marrufo Alcántara, quien es abogado graduado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y miembro hábil del ICAL desde el 4 de enero de 2007.
Lo sindican como integrante y coordinador de la presunta organización criminal “asesores en la sombra”.
Auner Augusto Vásquez Cabrera, también de la UNPRG y miembro del ICAL habilitado desde el 25 de marzo de 2014. Sindicado como presunto integrante y coordinador de la OC. Tiene comparecencia con restricciones.
Finalmente Eder Viton Burga, también de la UNPRG, habilitado en ICAL desde el 23 de setiembre de 2014; sindicado como integrante y operador de la presunta OC, también con comparecencia con restricciones.
DECANO
El decano del ICAL, Carlos Martínez Oblitas, manifestó que lo común y adecuado es que estando ya judicializada la situación y en proceso de investigación, no pueden aplicar ninguna sanción, en tanto no se pruebe su responsabilidad penal, aplicando el principio de presunción de inocencia.
“Estando en curso un proceso de investigación no podríamos adelantar juicio, porque no tenemos ninguna de las pruebas, no hay ninguna denuncia contra ellos, no tenemos acceso a investigarlos”.
EL CASO ES RESERVADO
“El hecho que se haya ordenado una prisión preventiva por 30 meses no lo hace responsable ni culpable todavía, en el Perú se hace uso y abuso de eso (...) Nosotros no manejamos ese tipo de pruebas, no podemos tener acceso además, porque es reservado”, precisó el decano.
Indicó que continúan en la orden y en el ICAL solo hacen procesos administrativos, no sancionan delitos y hasta antes que se conozca esta situación, obviamente no han tenido información respecto a su conducta profesional; a raíz del tema, efectivamente parece que estarían involucrados en algún tipo de ilícitos que deberá investigarse.
“Tenemos que esperar el resultado de la investigación y lógicamente la imposición, si es que lo hubiere, de una sanción penal por parte de los órganos jurisdiccionales; mal haríamos de iniciar un proceso”
Carlos Martínez Oblitas
Decano del ICAL
