Dos días después que La Industria advirtiera que el plazo para programar la audiencia de control de acusación en el sonado caso ‘Veolia’ ya venció, el 10° Juzgado de Investigación Preparatoria citó al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas y a otros más, para desarrollar este debate.

 

Dicha citación es en mérito a la acusación que la fiscal anticorrupción, Karín Ninaquispe Gil, sustenta por el presunto delito de colusión agravada, alternativamente, negociación incompatible, requiriendo 6 años de cárcel para los implicados.

 

Fue el juez Reynaldo Leonardo Carrillo quien notificó a las partes a la audiencia virtual para el próximo lunes 20 de junio a las 9:00 a.m., en la que se decidirá si procede a juicio oral o se declara el sobreseimiento del caso.

 

La fiscal Ninaquispe Gil sustenta que, Marcos Gasco, en su condición de alcalde de Chiclayo, habría concertado con los representantes de la empresa Veolia en el marco del procedimiento de selección por Contratación Directa n.° 01-2019-MPCH, denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, por el periodo de 90 días calendarios.

 

La acusación menciona que el Pleno del Concejo Municipal aprobó, en marzo de 2019, el desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos, cuyo acuerdo presentó inconsistencias, pues no se acreditaron elementos necesarios de la causal señalada.

 

Además, se observó que no se aprobó la contratación directa de las compactadoras.

 

A pesar de ello, en abril de 2019, el burgomaestre suscribió el contrato con la empresa Veolia, luego de que se admitió y calificó su propuesta sin cumplir con requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases de la contratación directa.

 

Sin embargo, se le otorgó la buena pro a Veolia por S/ 1’ 896 750, monto mayor al valor estimado, por lo cual se generó un perjuicio económico a la entidad por más de S/ 249 mil.

Tal como informó La Industria en su edición de ayer, el burgomaestre chiclayano busca el permiso del pleno (regidores) del Concejo Provincial para viajar a Europa entre el 17 y 23 de junio, invitado a la ‘Feria de dinamización del comercio región Murcia-España’.

 

Sobre el particular, el representante de la sociedad civil de Lambayeque, Álvaro Mendoza Cortijo, sostuvo “no amerita tal viaje porque, definitivamente, hay problemas en lo que concierne a Chiclayo y como tal, se necesita su presencia para afrontar los últimos meses que le quedan en el cargo”.

 

Mendoza recomienda al Concejo Municipal –instancia que decida si la autoridad viaja o no–, que al no justificarse su viaje por “las tremendas responsabilidades que tiene al frente de Chiclayo; mal haría el Concejo de brindarle ese nivel de aval a estas alturas de su mandato”.

 

Para el regidor chiclayano, Jony Piana Ramírez, el viaje que pretende realizar la autoridad “es un despropósito”.

 

“Creo que el alcalde está desubicado, no entiende la responsabilidad que tiene con Chiclayo, las obras están abandonadas”, precisó.

 

En ese sentido, considera que la consecuencia es el malestar de la población, que padece la falta de servicios básicos y de una autoridad que responda a sus necesidades.

 

Aseveró que, de su parte, de ninguna manera dará un voto aprobatorio (a favor del viaje). “Me parece que eso no tiene ningún sentido (…) De ninguna manera vamos a permitir que estos hechos y estos pedidos puedan tener un aval, que en todo caso sería una irresponsabilidad de nuestra parte”.

 

Entre los acusados figuran los exfuncionarios ediles: Cinthya del Milagro Flores Humanquispe, José Germán Flores Cabanillas, Cristian Rosenthal Ninapaytan, Ricardo Romero Rentería, Luis Alberto Ponce Ayala, Juan Ibáñez Álvarez, Oscar Ahumada Ramos, Adriana Ghersi Burga, Edgardo Augusto Siaden Ortega, Asimismo, se les acusa en calidad de cómplices a Luis Bendezu Zevallos (representante legal de Veolia) y Ralph Montoya Vega (trabajador de Veolia).