Con la salida de Andrés Calderón Purihuamán del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) al ser vacado, aún está pendiente conocer si los regidores que lo habrían blindado por cerca de un año transgredieron alguna norma legal.

 

Por ello, los concejales, Jony Piana Ramírez y Orlando Puell Varas, exigieron al Órgano de Control Interno de la MPCh emitir el informe que iniciaron en febrero pasado por estos hechos.

 

En octubre de 2021, ocho regidores de la MPCh desaprobaron el pedido de vacancia formulado contra el –ahora– exregidor Andrés Calderón, pese a que en abril de ese año el Poder Judicial lo había condenado a una pena de 1 año y 24 días de cárcel suspendida por el delito de falsa declaración en proceso administrativo en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y ordenado su inhabilitación para ejercer cualquier mandato público por el mismo tiempo de su sentencia.

 

En esa oportunidad, los regidores que se opusieron a vacar a Calderón argumentaron su oposición en que no contaban con las copias originales de la sentencia en contra de su colega.

 

Esta cuestionada actitud motivó a que en febrero pasado, el OCI de la comuna chiclayana solicitara a la secretaría del concejo provincial informe los motivos por los cuales los regidores declararon improcedente dicho pedido de vacancia.

 

La intervención del órgano de control fue en parte olvidada, debido a que en marzo último, un nuevo pedido de vacancia contra Calderon Purihuamán fue rechazado, pero esta vez por 8 votos en contra. Mas, fue traído a discusión luego de que el JNE emitiera la Resolución N°389-2022 ordenando la vacancia de Andrés Calderón de su cargo como regidor chiclayano.

 

Al respecto, el regidor Jony Piana indicó que es oportuno que OCI exponga los alcances para conocer si sus colegas incurrieron en algún tipo de responsabilidad administrativa o, incluso, penal.

 

“Tenemos conocimiento que el OCI pidió un informe sobre las votaciones que rechazaron la vacancia. Debe pronunciarse, y a partir de ahí se verá si hay una responsabilidad no solo administrativa, sino que, también, penal”, dijo.

 

Y, acotó que el informe debería ser publicado antes del término de la gestión. “La Contraloría tiene sus tiempos, pero que no se extralimite. Si se demora, los regidores pueden terminar su gestión, y el escenario sería distinto”, agregó.

 

El regidor Orlando Puell coincidió en este punto porque “ya cuentan con todo el expediente del caso Calderón. Es momento de que se pronuncie por si han advertido alguna responsabilidad”.

 

El 29 de abril de 2021, el Octavo Juzgado Unipersonal Penal de Chiclayo sentenció a 1 año y 24 días a Andrés Calderón por el delito de falsa declaración en proceso administrativo en agravio del JNE.

 

De acuerdo a la información enviada por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque al JNE, se trató de una “sentencia conformada”, es decir Calderón reconoció su responsabilidad en la comisión del delito atribuido por el Ministerio Público, por lo que se declaró “consentida” la condena.

 

Calderón había sido investigado desde 2020, por la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, tras advertirse que había consignado información falsa en la hoja de vida que presentó como postulante al cargo de regidor de Chiclayo en los comicios de 2018, cuando se eligieron a autoridades regionales y municipales para el período 2019-2022. En dicho proceso electoral, Calderón fue elegido regidor representando a Fuerza Popular.

 

Había consignado que realizó estudios de construcción civil en Sencico. Inicialmente, la Fiscalía solicitó una pena de 1 año y 4 meses en su contra.