El Ministerio Público solicitó 6 años de cárcel para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas por el presunto delito “de colusión agravada, alternativamente, negociación incompatible”, en el conocido caso ‘Veolia’.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal, Karim Ninaquispe Gil, presentó la acusación ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Chiclayo contra el alcalde de la MPCh, aparentemente implicado como autor del mencionado delito en la irregular contratación de compactadoras a la empresa Veolia Servicios Perú SAC.
Entre los acusados como autores del citado delito también figuran: Cinthya del Milagro Flores Humanquispe (exgerente encargada de Asesoría Jurídica), José Germán Flores Cabanillas (exgerente de Asesoría Jurídica), Cristian Rosenthal Ninapaytan (exgerente municipal), Ricardo Romero Rentería (exgerente municipal).
Dicha medida también atañe a Luis Alberto Ponce Ayala (exgerente de Planeamiento y Presupuesto), Juan Ibáñez Álvarez (exgerente de Administración), Oscar Ahumada Ramos (exjefe de Centro de Gestión Ambiental), Adriana Ghersi Burga (exjefa de la Unidad de Servicios y Gestión de residuos Sólidos), Edgardo Augusto Siaden Ortega (exsubgerente de Logística), Asimismo, se les acusa en calidad de cómplices a Luis Bendezu Zevallos (representante legal de Veolia) y Ralph Montoya Vega (trabajador de Veolia).
Para los mencionados integrantes de la comuna chiclayana también se formuló la imputación penal por el tipo alternativo de negociación incompatible.
PENA
De acuerdo con el requerimiento acusatorio formulado por la fiscal Karim Ninaquispe, se solicita al Poder Judicial para cada uno de los acusados seis años de pena privativa de la libertad.
Además, se requirió como pena alternativa cuatro años más para el alcalde de Chiclayo y sus exfuncionarios por el presunto delito de negociación incompatible.
Al respecto, la fiscal solicita al Décimo Juzgado se fije la fecha para la audiencia respectiva y se determine la aceptación o no del requerimiento.
ADJUDICACIÓN ENVUELVE SUPUESTO DIRECCIONAMIENTO
En el requerimiento fiscal se sustenta que Marcos Gasco, que en su condición de alcalde de la MPCh habría concertado con los representantes de la empresa Veolia en el marco del procedimiento de selección por contratación directa n.° 01-2019-MPCH, denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, por el periodo de 90 días calendarios.
Seguidamente, se precisa que el Pleno del Concejo Municipal aprobó, en marzo de 2019, el desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos, cuyo acuerdo presentó inconsistencias, pues no se acreditaron elementos necesarios de la causal señalada.
Asimismo, se observó que no se aprobó la contratación directa de las compactadoras.
A pesar de ello, en abril de 2019, el alcalde suscribió el contrato con la empresa Veolia, luego de que se admitió y calificó su propuesta sin cumplir con requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases de la contratación directa.
Sin embargo, se le otorgó la buena pro a Veolia por S/ 1’ 896 750, monto mayor al valor estimado, por lo cual se generó un perjuicio económico a la entidad por más de S/ 249 mil.
