Desde la madrugada inició el operativo en el mercado Modelo de Chiclayo para dar cumplimiento a la sentencia del Segundo Juzgado Civil que indica un ordenamiento.
Para ello, el personal municipal colocó rejas en las calles aledañas al mercado como parte de las intervenciones para recuperar los espacios públicos.
Se estima que son 6 mil comerciantes que ocupan las zonas y que deben ser desalojados.
El sub gerente de Seguridad Ciudadana, Roy León Rivera indicó que, el tránsito de vehículos estará restringido durante la intervención. Además, indicó que las rejas permitirán tener un mayor control, incluso se podría solicitar el Documento Nacional de Identidad a todas las personas.
Hizo el llamado a los comerciantes a aceptar las opciones de reubicación que ha propuesto la municipalidad y evitar enfrentamientos con el personal municipal y policía.
En todo momento, precisó que prevalecerá el respeto a la vida y propiedad de los comerciantes.
Desde ayer se pudo observar que poco a poco la policía iba llegando para tomar posesión del espacio público, incluida la policía montada.
Quienes mostraron preocupación por el anunciado operativo fueron los comerciantes formales por un inminente cierre del Modelo que generará ausentismo de compradores.
“Durante los últimos días, la gente ya no llega a realizar sus compras, quizá por temor, pero eso nos perjudica a nosotros, por eso pido al municipio adoptar otros mecanismos para no afectar las ventas y a los usuarios”, dijo el comerciante Juan Gamarra.
Algunos de los vendedores informales señalaron que iban a retirarse para que el operativo sea pacífico, pero otros mencionaron que no iban a permitir ser desalojados de su zona de trabajo.
Incluso advirtieron que al ser miles de personas iban a poder enfrentar a los efectivos policiales y municipales
COMERCIANTES VAN A FISCALÍA
Los comerciantes ambulantes han solicitado la intervención preventiva de la fiscalía para evitar violación de los derechos humanos.
El representante de los comerciantes, Polidoro Bonilla sustenta que el Ministerio Público en ningún momento demandó un desalojo, sino un reordenamiento.
Agregó que en todo momento han solicitado diálogo con la máxima autoridad municipal para hallar soluciones, pero no hay respuestas.
Además, que tras la pandemia la canasta básica aumentó, así como las deudas.
Explicó que son cerca de 6,000 personas que laboran como ambulantes, encontrándose de la tercera edad, mujeres embarazadas, con discapacidad, menores de edad, madres solteras y extranjeros.
