Uno de los escándalos de mayúsculas connotaciones al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) denunciado hace poco en La Industria dio origen a que en las últimas horas la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inicie diligencias preliminares de investigación.

 

Se trata del sonado caso de supuesta suplantación y presunta contratación de personal ‘fantasma’ para aparentes labores en el Instituto Vial Provincial (IVP) de Chiclayo, el cual tiene como imputados al actual funcionario Marco Randy Alvites Vilela (gerente de Desarrollo Ambiental) y al trabajador edil, Esgard Larrea Ñique.

 

De acuerdo a la Disposición número Uno rubricada por el fiscal José Oscar Guevara Gilarmas del 8 de julio último, la denuncia fue realizada por el exgerente municipal, Juan José Salazar García, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio de la MPCh.

 

En ese sentido, reza la disposición, que de lo denunciado se tiene que el IVP, institución descentralizada de la comuna chiclayana, durante los años 2019-2020 habría contratado profesionales a través de la modalidad de locación de servicios, siendo que los mismos –como locadores– no habrían cumplido con remitir sus productos según lo estipulado en los contratos respectivos; asimismo, se habría logrado evidenciar la presunta suplantación por terceras personas.

 

“Los hechos evidenciarían el interés indebido por parte de Esgard Larrea y Randy Alvites, quienes desempeñaron funciones como jefe de Adquisiciones de Bienes y Servicios (julio 2020) y jefe de subgerencia de Logística y Control Patrimonial (julio 2020) respectivamente, los mismos que habrían sido los responsables de la contratación de profesionales para que realicen la función de analista I y II, para el servicio de monitoreo de la ejecución de los mantenimientos periódicos en el Circuito Mochica y Circuito Arqueológico”, señala el documento fiscal.

 

Otro hecho objeto de la investigación señala que, también existiría evidencia de un interés indebido en cuanto a Juan Carlos Tello Manay, “pues este no habría ejercido sus funciones, siendo que las mismas habrían sido realizadas por una tercera persona, quien habría simulado ante la administración pública la existencia de una contraprestación real, situación que en la práctica no se habría dado, con ello se habría afectado el buen funcionamiento de la administración pública”.

 

La disposición también señala que, los funcionarios en mención habrían contratado a las personas de María del Pilar Garnique Custodio y Santiago Francisco Cucat Vílchez, por intereses particulares, así no habrían exigido a este último la presentación de su curriculum vitae.

 

El fiscal añade que, en el caso bajo análisis se denuncia el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, “por cuanto los funcionarios públicos denunciados se habrían interesado indebidamente de forma directa para favorecer la contratación de personal, hechos en los cuales habrían intervenido por razón de su cargo, por lo cual este despacho sí es competente para investigar estos hechos”.

 

Por todo lo antes expuesto, el fiscal José Oscar Guevara Gilarmas, dispuso “iniciar diligencias preliminares contra Esgard Larrea Ñique y Marco Randy Alvites Vilela, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, tipo penal….”, fijando como plazo de investigación 120 días.

 

En otro acápite ordena recibir la declaración del denunciante Juan José Salazar García, para el 20 de julio de 2020 a las 9:00 am.; así como de María del Pilar Garnique Custodio, para el 3 de agosto de 2021. Y el 3 de agosto recibirán la declaración de Francisco Cucat Vílchez, a las 11:00 am.

 

Además ordena, “cítese” a Esgard Larrea Ñique para el 4 de agosto 2021 a las 9:00 am.; el mismo día fue citado, pero a las 11:00 am., Randy Alvites Vilela.

 

Cabe precisar que en todos los casos arriba citados, ya sea para recibir declaraciones o citación para que conozcan los cargos que se les imputa y puedan hacer sus descargos, las diligencias podrán desarrollarse en la sede fiscal o vía Google Meet.

 

La Fiscalía también oficiará a la MPCh y al IVP para que remita información respecto a: expedientes de contratación, términos de referencia, periodo de contratación, cargo que ejercieron, funciones que cumplen o cumplieron al momento de los hechos de todos los involucrados en esta investigación.