La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque solicitó que se dicte 12 meses de prisión preventiva contra los suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), Paúl Eduardo Culquicondor Acosta y Sara Noemí Delgado Salazar por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El fiscal provincial Julio Taboada Ramón presentó dicha medida cautelar ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo con especialidad en delitos de corrupción de funcionarios, sustentando en su requerimiento que los investigados Culquicondor Acosta y Delgado Salazar, estuvieron aparentemente implicados en el cobro de coima de 10 mil soles durante una intervención policial.
HECHOS
De acuerdo con el requerimiento de prisión preventiva formulada por el fiscal Taboada Ramón, los hechos se remontan en el 2019, cuando los citados efectivos policiales que en su momento laboraban en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo y personal de la Fiscalía Anticorrupción participaron en la intervención de Hirvin Alexander Tarrillo Vega y José Luis Nakamine Kobashigawa (actual regidor de Chiclayo), entre otros intervenidos por la presunta comisión del delito de trata de personas.
Líneas seguidas, el fiscal sustenta en su requerimiento que la investigada Delgado Salazar, habría solicitado –en las instalaciones de la Divincri de Chiclayo– de manera directa a Tarrillo Vega la suma de S/ 5 000 a cambio de ayudarlo y colocar atenuantes a su favor en la elaboración de un informe policial que se encontraba realizando sobre el caso.
Asimismo, indica que dicha solicitud de dinero iba a ser compartida con el policía Culquicondor Acosta, que en ese entonces era el instructor a cargo del caso y a quien se le imputa por haber solicitado de manera indirecta la coima.
Por otro lado, dicho requerimiento detalla que cuando Tarrillo Vega fue intervenido y detenido, también se intervino el vehículo que él conducía, procediendo el personal policial a realizar el registro vehicular y posteriormente este bien quedó en poder de la Policía hasta que se decida lo que corresponda.
Posteriormente, se determinó que el vehículo es propiedad del exesposo de Luz Díaz Motalván (conviviente de Tarrillo).
En ese sentido, el fiscal Francisco Mogollón Castillo, Fiscal Provincial de Crimen Organizado de Lambayeque dispuso la devolución del vehículo.
Dicha devolución estaba a cargo del investigado Culquicondor Acosta, sin embargo, la investigada Delgado Salazar, le habría solicitado S/ 5 000 a Díaz Montalván, a cambio de devolver la camioneta que se encontraba intervenida y que era de propiedad de su exesposo.
En este hecho, a Culquicondor también se le investiga por haber solicitado de manera indirecta el dinero.
Finalmente, en el requerimiento se especifica que se solicita dicha medida (cautelar) debido a que existe en ambos un peligro de fuga.
