El regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Orlando Puell Varas cuestionó la Ordenanza Municipal 020-2020-MPCh, que regula el proceso sancionador para las personas que incumplan el protocolo sanitario para la prevención del Covid-19 en el servicio del transporte público de la localidad, tras presentar deficiencias en su elaboración y publicación.
Como se recuerda, el municipio chiclayano informó a través de la subgerencia de Fiscalización que, desde hoy 1 de febrero aplicarán multas de hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los conductores y usuarios del servicio de transporte público en Chiclayo que incumplan con usar mascarilla y protector facial.
En diálogo con La Industria, el concejal indicó que la mencionada sanción que forma parte de dicha ordenanza, la cual se aprobó en noviembre del año pasado, no podrá efectuarse debido a que la ordenanza recientemente publicada carece de los nueve anexos donde debe estar detallado las condiciones técnicas del vehículo para minimizar los contagios del virus y sancionar a las personas que no usen mascarilla y protector facial en el servicio.
En ese sentido, Puell Varas afirmó que el cuerpo de la ordenanza son los anexos, donde los usuarios toman conocimiento de sus obligaciones y la sanciones, por lo cual, al no estar detallado, el municipio no podría sancionar por el incumplimiento de este reglamento.
“Este reglamento no ha sido publicado correctamente como indica la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley 2744, donde especifica que las ordenanzas tienen que ser publicadas para que entren en vigencia al día siguiente. pues ningún anexo ha sido publicado por las dependencias correspondientes”, manifestó.
GESTIÓN DEFICIENTE
Por otro lado, agregó que el concejo municipal de Chiclayo, al cual integra, le corresponde aprobar diferentes ordenanzas en beneficio de la población, pero recalcó que la parte administrativa le corresponde al alcalde Marco Gasco, pues es el responsable de velar por la adecuada publicación y ejecución de esta norma.
“He tomado conocimiento que el municipio empezará a sancionar desde hoy, pero las sanciones y obligaciones de los conductores y usuarios no están publicadas en ninguna ordenanza. No deberían ni poner las sanciones legalmente porque en el cuerpo (anexos) del reglamento deben especificar las sanciones y no están plasmadas”, mencionó.
En esa línea, el edil refirió que dicha situación controversial refleja las actuales deficiencias administrativas de la gestión municipal.
Este medio se contactó con la subgerente de Transportes, Melisa Campos Díaz, quien aseguró desconocer la observación realizada por el regidor, a pesar de que la ordenanza está aprobada por el Concejo municipal.
“Hemos elaborado correctamente todos los requisitos que pide la norma, por eso nos sorprende que el regidor no haya comunicado este asunto a nuestra dependencia”, finalizó.
