Las municipalidades de centros poblados deberán beneficiarse con un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal que reciben de manera mensual los municipios provinciales o distritales, tal como lo indica la Ley 31079.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados, Ruitor Odar Puse, explicó que la Ley 31079, da un marco legal a los municipios rurales del país, la misma que por insistencia fue promulgada por el Congreso de la República.
Señaló que, la municipalidad provincial y distrital, según corresponda, debe entregar los recursos presupuestales, propios y transferidos por el gobierno nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de centro poblado, para el cumplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuestal vigente.
Además, cada municipalidad provincial debe asignar una dieta mensual al alcalde de la municipalidad de cada centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales.
El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital respecto a la transferencia de la municipalidad de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de suspensión del alcalde responsable, por un período de 60 días naturales y de ciento veinte 120 días en caso de reiteración.
Tal suspensión constituye una causal adicional a las contenidas en el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 28961, y se tramita de acuerdo con dicho artículo.
Del mismo modo, dijo que el mandato de los alcaldes será hasta el 31 de diciembre del 2022, debido a que, en noviembre de dicho año, se tendrán que realizar las elecciones para elegir a las nuevas autoridades municipales.
Odar Puse, indicó que a nivel regional son 43 municipalidades de centros poblados, con quienes se reunió hace algunos días para informar sobre los alcances de la nueva norma que entró en vigencia.
Adecuación
Sostuvo que antes de aplicar sanciones o solicitar el porcentaje del Foncomun, cada municipalidad rural debe adecuarse a la ley, para ello deben presentar una serie de documentos sobre su centro poblado ante la municipalidad provincial correspondiente, lo cual deberá ser aprobado.
El expediente debe contener, los servicios públicos que prestan a la población, planos urbanísticos, memoria descriptiva, qué oficinas funcionan, cantidad de población, Manual de Organizaciones y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos, entre otros documentos.
Para ello se contará con un asesor, quien va a verificar y comprobar los trámites que estiman deben terminar en dos semanas.
El alcalde del centro poblado de Callanca, Pedro Llontop Custodio, señaló que, tras una larga espera, ahora se podrá exigir al municipio provincial o distrital, que cumpla con sus deberes. En el caso de Callanca, se necesita presupuesto para atender las necesidades de la población, pero la municipalidad distrital de Monsefú se niega a entregar.
Con la nueva normativa, Callanca va a recibir un estimado de S/ 2150 al mes, además ya tendrá autonomía para registrar predios y cobrar impuestos en su jurisdicción.
