La Contraloría recomienda iniciar acciones legales y administrativas contra servidores públicos de la Gerencia Regional de Agricultura, tras detectarse que algunos pagos por trámites de procedimientos administrativos no fueron depositados en forma íntegra en la cuenta bancaria de dicha entidad.

 

El servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad detallados en el informe n.° 004-2020-2-0989 del ente de control da cuenta que durante el periodo comprendido entre enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 se produjeron situaciones que ameritan el inicio de acciones legales y administrativas, ya que se registraron ingresos con conceptos diferentes e importes menores a los pagados por cada usuario.

 

“El responsable de Fondos para Pagos en Efectivo y la encargada de Conciliaciones Bancarias realizaron actividades de recaudación de ingreso, durante las cuales hasta en doscientos dieciséis (216) oportunidades, utilizaron recibos diseñados en formato Excel, conteniendo conceptos solicitados e importes pagados por cada usuario, los cuales registraron en Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) con conceptos diferentes e importes menores a los pagados por cada usuario”, se indica en el informe.

 

Señala el documento que esto se hizo utilizando el código de usuario y clave de acceso del trabajador designado como responsable de Fondo para Pagos en Efectivo, “situación que era de conocimiento de dicho servidor, así como de la coordinadora del área de Tesorería; quien además no supervisó las labores de las personas que realizaron la recaudación, permitiendo la materialización del depósito en mención; al igual que el jefe de la Oficina de Administración, a quien también le correspondía efectuar el seguimiento y verificación del estado de lo recaudado mediante arqueos o conciliaciones”.

 

Señala la Contraloría que estos pagos por trámites de procedimientos administrativos no depositados de forma íntegra en la cuenta bancaria de la entidad, durante el periodo 2019, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública y ocasionó un perjuicio económico por S/ 37 195,10.

 

La Contraloría ante estos hechos de presunta irregularidad recomendó al titular de la Gerencia Regional de Agricultura, Juan Chapoñán Sánchez, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares.

 

En tanto, también recomendó al procurador público del Gobierno Regional de Lambayeque “dar inicio a las acciones legales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico”.

 

En el informe la Contraloría identifica a las personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas. Entre los servidores con presunta responsabilidad penal identifica a Jakeline de Lourdes Carranza Medina, José Félix Niño Sono y Karina Magally Ipanaqué Esquivel. En tanto con presunta responsabilidad administrativa se encuentra Gerardo Eduardo Gallardo Fernández.