El gobernador regional, Anselmo Lozano, señaló que no ve ningún problema en el actuar del Comité Especial de Contrataciones del Gobierno regional en la cuestionada licitación de tres paquetes de obras públicas donde los postores ganadores de la buena pro, presentaron cartas de línea de crédito falsas. Sostuvo que lamentablemente la norma no obliga a los empresarios a que presenten documentos legalizados ante un notario público.

 

El pasado viernes 2 de octubre el Ministerio Público intervino a las Oficinas de Contrataciones del Gobierno Regional de Lambayeque a fin de recabar documentación vinculada a tres procesos de contratación de obras, en los cuales se habrían detectado irregularidades, como la presentación de cartas de línea de crédito presuntamente falsas, acreditadas por los ganadores de la buena pro.

 

La intervención se dio en razón del informe de Contraloría N.° 031-2020-OCI/5343-SOO dando cuenta del hallazgo que afecta la ejecución de tres paquetes de obras públicas en los distritos de Incahuasi, Mórrope y Reque, por lo que la fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con personal policial del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción solicitó documentación respecto a las licitaciones públicas N°. 01-2020, N°. 03-2020 y la adjudicación simplificada N°. 04-2020.

 

Ante los cuestionamientos que se dirigen no solo a los postores ganadores sino también a los integrantes del Comité Especial de Contrataciones, el gobernador regional dijo que cuando la ley no obliga en estos procesos a que los empresarios presenten documentos por lo menos legalizados ante un notario público, “simplemente la ley está permitiendo que presenten cualquier copia simple y basta una declaración jurada y el Comité lo tiene como veraz”.

 

“Mi pregunta es, ¿en esa etapa que le da la buena pro, cuál es el problema del comité especial? Yo no le veo ninguna. Si el comité especial o jefe de Logística no ejecuta el control posterior, en eso sí es responsable por omisión de funciones. Pero si demuestra que ha hecho los controles posteriores, simplemente el fiscal que tiene a cargo la investigación ya verá y analizará si tiene responsabilidad o no”.

 

Respecto al pedido del Consejo regional que le exige la remoción inmediata como integrantes de los diversos procedimientos de selección actuales, a las personas que integraron los comités de selección, el gobernador señaló “con el respeto que se merecen los señores consejeros, que revisen la ley y es más, el debido proceso es un derecho constitucional que lo tenemos todos, más bien invoco a ellos que formen una comisión y que evalúen si los procesos se llevan a cabo correctamente”.

 

En ese sentido dijo que va a proponer para que el Consejo regional fiscalice su gestión desde su primer año de gobierno “y si tuvieran intención, se fueran un poco más atrás, es decir, hasta la gestión pasada”.

Finalmente, dijo desconocer si una de las empresas cuestionadas había ganado procesos de licitación cuando él fue alcalde en el distrito de La Victoria, a pesar que existen cuestionamientos respecto a ello.