Cada una con una realidad diferente, pero que refleja el abandono del gobierno hacia la mujer desde que inició el estado de emergencia a causa del covid-19.

 

La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar-región Lambayeque, María Santos Nayra, precisó que se han sentido discriminadas, pues la mayoría de ellas se ha quedado sin trabajo; han sido enviadas a sus casas sin mensualidad alguna. A otras les han reducido el sueldo y no han recibido bono alguno, por parte del Estado.

 

Inclusive en algunos casos, no se cumple con un contrato escrito, por lo tanto, no hay vacaciones o sueldo mínimo, tampoco aportes a ningún seguro.

 

En Lambayeque son aproximadamente 15 mil trabajadoras del hogar (entre adolescentes y mayores de edad, afiliadas o no al sindicato).

 

Por su parte, la representante de Mujeres Artesanas Solidarias, Jackeline Ayasta, indicó que las artesanas no tienen seguro social que las proteja y desde el inicio del estado de emergencia tuvieron que reinventarse, confeccionando mascarillas y gorros de fibra vegetal (palma) y algodón nativo.

 

Sin embargo, antes de la pandemia, ellas participaban en ferias, las mismas que eran ventanas para vender sus productos. Ahora solicitan que las autoridades puedan implementar vitrinas virtuales para promocionar sus productos.

 

De otro lado, uno de los problemas más saltantes en esta emergencia es la violencia hacia las mujeres y niñas. En ese sentido, el jefe de la Unidad Territorial Lambayeque- Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, César Samamé, indicó que durante la emergencia los servicios presenciales a domicilio continuaron, implementando 14 equipos itinerantes en toda la región, los mismos que están conformados por un abogado, trabajador social y sicólogo; esto debido a que los Centros de Emergencia Mujer no estuvieron funcionando.

 

Del 16 de marzo al 30 de junio, se atendió 1 731 llamadas de la línea 100; además, 437 casos de violencia en el mismo periodo, violencia física (50.1%), psicológica (38%), económica (0.5%), y sexual (11.4%); y un feminicidio. “Es importante mencionar que las niñas, niños y adolescentes han sido el grupo más vulnerable durante la emergencia, pues representan el 44 % de casos de violencia sexual registrados”.

 

El derecho a la salud también es importante. La presidenta de la Federación Regional de Personas con Discapacidad, Verónica Cobeñas Roa, señaló que las personas con discapacidad dependen mucho del sector Salud. Durante el estado de emergencia, han sido abandonados, dejando de recibir terapias, tratamientos y medicina, afectando seriamente su salud.

 

La mayoría son madres con discapacidad severa, que tienen trabajos independientes, que las han vuelto doblemente vulnerables, pues tienen que salir a las calles a vender como ambulantes.

Mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela

 

La representante de Mujeres Refugiadas y Migrantes de Venezuela, Orleans Tovar Herrera, dijo que quienes tenían algún trabajo ya sea formal o informal (80 % de venezolanos) han sido despedidos o les han reducido sus sueldos.

 

Las representantes de estos sectores informaron sus realidades a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, desde donde se proponen varias alternativas para paliar la situación.