La Defensoría del Pueblo, tras remitir oficios a las autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público, pidiendo informar acerca del cumplimiento de las sentencias judiciales en los casos del ordenamiento de los mercados Modelo, Central y Moshoqueque, exhortó también a los alcaldes tomar acciones frente a este problema de una manera integral, basadas en la justicia social.
El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes remitió un oficio al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Oscar Manuel Burga Zamora, refiriéndose a la demora en la ejecución efectiva de las sentencias judiciales emitidas por los juzgados de esta Corte, en las cuales se ordena a los alcaldes de los municipios de Chiclayo y José Leonardo Ortiz (JLO), mejorar la seguridad en defensa civil de los mercados Modelo, Central y Moshoqueque, respectivamente, toda vez que fueron declarados en riesgo muy alto por el Indeci.
El comisionado a cargo, Carlos Ching, informó que la Defensoría del Pueblo, en su oportunidad promovió la intervención de las fiscalías civiles, ante el incumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes del Indeci, por parte de los municipios de los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, dando cuenta de los riesgos que representan para los concurrentes a estos centros de abasto, ante la posible ocurrencia de cualquier emergencia.
Por ello, las fiscalías civiles de Chiclayo, presentaron las demandas judiciales.
Caso Modelo
Así, en el caso del mercado Modelo, el segundo juzgado civil de Chiclayo, en el expediente Nº 7552-2006, mediante sentencia, ordenó el 21 de diciembre de 2011, que el municipio de Chiclayo cumpla con ejecutar las recomendaciones que el Indeci formuló el 1 de julio de 2005, para mejorar las condiciones de seguridad; sin embargo, hasta la fecha dicho fallo no ha sido ejecutado, pese a que ha transcurrido más de ocho años de emitido.
Mercado Central
Situación similar ha ocurrido en el caso del mercado Central de Chiclayo, donde el Quinto Juzgado Civil de esta ciudad, mediante sentencia del 25 de abril de 2016, emitida en el expediente Nº 2434- 2014, ordenó a la comuna de Chiclayo mejorar las condiciones de seguridad de dicho centro de abastos, de acuerdo al informe del INDECI, del 21 de abril de 2013; sin embargo, hasta la actualidad no se cumple y ejecuta esta disposición judicial pese a que transcurrió más de cuatro años de emitida la sentencia.
Moshoqueque
En el caso del mercado Moshoqueque, el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, mediante una medida cautelar del 27 de febrero de 2015, emitida en el expediente Nº 448-2014, ordenó a la municipalidad de JLO cumplir con corregir los riesgos en defensa civil advertidos en el informe del Indeci, del 20 de marzo del año 2012, pero dicho mandato judicial no fue ejecutado ni cumplido.
En este caso, por resolución N° 10 de fecha 13 de octubre de 2016, se emitió sentencia ordenando que la municipalidad de JLO, cumpla con las recomendaciones del informe de Defensa Civil, pero tras más de tres años no se ejecuta el fallo judicial.
Hidalgo Reyes también remitió un oficio al presidente de la Junta de Fiscales, Juan Arteaga Vera, indicando que pese haber transcurrido más de tres años de emitido el fallo judicial, la fiscalía mixta de José Leonardo Ortiz, como parte demandante, no está exigiendo el cumplimiento de la sentencia, ni impulsando el proceso para su ejecución.
Por ello, le pide disponer las medidas que correspondan para que la fiscalía mixta, como demandante, exija el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente N° 448-2014.
Riesgo alto
Ching advirtió el riesgo alto en las instalaciones de los mercados Modelo, Central y Moshoqueque, ante peligro por sismo, electrocución e incendio y lluvias intensas, que podría afectar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas, las que están en grave peligro por la inacción de las mencionadas autoridades.
El comisionado refirió que el tema de los mercados es gravitante, más aún porque últimamente son focos de contagios y les corresponde a los municipios poner orden.
Dijo que el comercio informal se ha incrementado no solo por el desempleo, sino también por la crisis sanitaria y la necesidad urgente de trabajo y eso hay que entenderlo.
Por este motivo la MPCh debe tener una estrategia clara y definida para controlar con justicia social una actividad comercial que evite finalmente el caos, desorden e informalidad. “El municipio no está fiscalizando esta actividad comercial de una manera adecuada, por eso se ve mayor presencia de comercio ambulatorio en toda la ciudad”, argumentó.
“La Defensoría busca una solución a los problemas, esperamos que la autoridad tenga la suficiente empatía y sentido común para resolver este tema, porque son focos de contagio que requieren la mayor atención”, observó Carlos Ching.
