Actos de corrupción que involucran a magistrados como el caso de los “Cuellos Blancos”, no favorecen a la “huelga blanca”, así lo manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Luis Escajadillo Castillo; quien además advirtió que esta situación conllevará a duras críticas de la población contra el Poder Judicial y el Ministerio Público.

 

“La magistratura está en el ojo de la tormenta por el caso de los Cuellos Blancos, actos de corrupción que empañan a los magistrados. De acuerdo a la coyuntura no es legítimo el pedido de ellos”, comentó el dirigente sindical.

 

Agregó que, hay sectores públicos que perciben sueldos que no se comparan con lo que puede ganar un magistrado (juez o un fiscal). “No es por desmerecer, pero ganan sueldos considerables; por ejemplo el juez de paz gana 9 mil soles mensuales, un juez especializado 14 mil soles mensuales y un juez superior 18 mil soles mensuales. No son personas que están desamparadas. La homologación que reclaman va a generar que el pueblo reclame”.

 

El Sindicato comprende a 570 trabajadores; quienes estuvieron en una huelga que duró 9 días y que trajo como consecuencias descuento en los sueldos y recuperación de horas.

 

Esperan que la “huelga blanca” no afecte al público. “Ellos (los magistrados) han iniciado la ‘huelga blanca’, porque están prohibidos de ejercer huelga o sindicalizarse, lo están cubriendo con sesión permanente, pero han dejado de atender al público, hay varias audiencias que se han visto frustradas por la medida adoptada de los magistrados”.

 

Los magistrados señalan que durante los años 2018 y 2019 el gobierno homologó a los jueces y fiscales supremos, en la que no fueron incluidos los jueces superiores, especializados y de paz letrado, como manda la Ley.

 

En junio último, se otorgó una bonificación a los jueces y fiscales supremos de 11,700 soles, lo que elevó sus ingresos netos mensuales a 42,717 soles, que no alcanzó a los magistrados de las otras instancias.

 

En la región Lambayeque, la fiscal de la Segunda Fiscalía Penal, Tania Bravo Vigo, dijo que la medida está siendo asumida por los miembros de la Junta de Fiscales Provinciales que suman a 67 fiscales titulares, pero se sumarán los fiscales adjuntos y provisionales. Explicando que casos sí se están atendiendo.

 

“La medida está siendo asumida por los fiscales, por lo tanto la atención administrativa no se ha suspendido. El ingreso de denuncias se va a mantener, pero la atención de las mismas se van a priorizar a reos en cárcel, contumaces y turno fiscal”, acotó.

 

Agregó que Lambayeque al ser un distrito fiscal con representatividad a nivel nacional, ocupando un segundo o tercer lugar respecto a carga procesal, no podía dejar de pronunciarse respecto a lo que está sucediendo.

 

“Somos magistrados, entregamos nuestra labor diaria, mucha más allá de la jornada, somos los únicos servidores del Estado que no tenemos un día de descanso después de 24 horas de hacer un turno, damos el tiempo, trabajamos fuera de horario; sin embargo, se nos ha postergado el derecho de percibir una remuneración que tiene un porcentaje de equivalencia con lo que recibe los jueces supremos y fiscales supremos”, observó.

 

Explicó que “el Estado en sus leyes de presupuesto 2018 y 2019 ha considerado una bonificación adicional a los magistrados del más alto nivel; sin embargo, ha postergado a nosotros en nuestro derecho de percibir el porcentaje correspondiente de esa bonificación”.

 

Los fiscales agregaron que reciben un sueldo básico que resulta inferior al básico de muchos servidores del Poder Judicial y Ministerio Púbico y que continuarán con su lucha, sin dejar de atender los casos urgentes como reos, detenidos del turno, audiencias de continuación de juicios.