Durante la primera semana de diciembre, se conoció sobre la pérdida humana que dejó un enfrentamiento por el control de la empresa azucarera de Pucalá. Por lo cual, el decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, señaló que la mejor alternativa para evitar este tipo de conflicto social, es la prevención.

 

Juan Dávila Cisneros, mencionó que la Policía Nacional tiene que identificar a las personas que de una u otra manera están generando caos. Para ello, necesita de un plan de inteligencia y prevención, que permita que estas acciones no culminen con personas heridas o fallecidos.

 

No obstante, remarcó que las manifestaciones son parte de un derecho que le corresponde al ser humano, pues muchas veces no está de acuerdo con las decisiones que pueda tomar una de las partes, pero debe existir un mayor control y ello, le compete a la Policía.

 

Asimismo, el decano manifestó que este tipo de conflictos sociales afectan a la población social y económicamente, porque a partir de la problemática (de quien asume el poder) se dividen en grupos, se crean deudas fantasmas y la empresa pierde su credibilidad; que genera inestabilidad en quienes brindan sus servicios laborales y sus familias.

 

Cabe recordar, que en junio del presente año, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque, inició una investigación por la muerte de 25 ciudadanos del distrito azucarero de Pucalá durante los últimos 15 años.

 

Según las investigaciones, algunos de estos crímenes corresponderían a ajustes de cuenta y represiones efectuados por personas vinculadas a las administraciones judiciales instaladas en la agroindustrial.

 

Por otro lado, Dávila Cisneros, precisó que los conflictos sociales también se suscitan en el sector público. En ese sentido, hizo hincapié en los constantes paros que están realizando los sindicatos o gremios de los diferentes sectores del gobierno regional o municipios, sobre todo, cuando está por aprobarse el presupuesto público.

 

Hace algunos meses, se observó a los trabajadores obreros de la comuna chiclayana exigir al alcalde Marcos Gasco Arrobas, respete los pactos colectivos. De igual manera, sucedió en la región con los sectores Salud y Educación. Incluso, el jueves 12 de diciembre, los administrativos del SUTACE, protestaron porque el gobierno no está cumpliendo con sus beneficios.

 

En este caso, el decano de la orden profesional, manifestó que el Estado tiene que dar apertura al diálogo para conocer la realidad del recurso humano con el que cuenta e identificar los problemas inflacionarios y otorgarles alternativas de solución, porque los servidores consideran que con el pasar de los años, siguen ganando el mismo sueldo, pero su poder adquisitivo ya no les alcanza.

“Es un tema complejo, porque son miles de trabajadores, pero el Estado tiene que prever y eso es lo que nos está faltando”, añadió.

 

Juan Dávila también se pronunció respecto a los constantes conflictos que existen entre el Ejecutivo, conformado por el gobernador Anselmo Lozano Centurión y Legislativo, integrado por el Consejo Regional.

 

Sobre ello, manifestó que llegar al poder, implica contar con un equipo que te brindará estabilidad para trabajar de forma rápida, pero cuando este vínculo se quiebra y es la misma mayoría la que está en tu contra, se genera un enfrentamiento e incertidumbre y quien termina siendo afectada es la población, porque no existe una propuesta clara hacia donde van a enrumbar el gobierno regional.

 

En ese sentido, en su calidad de decano del Colegio de Sociólogos invocó a las autoridades a la concertación y reflexión para llegar a un consenso. De esta manera, ambos sectores empiecen a trabajar de manera coordinada, sin que uno rebase al otro.

 

“No se trata de que el gobernador va a imponer su criterio o viceversa, pero deben tener un mínimo de concertación, dado el enfrentamiento que vemos últimamente entre ambos poderes”, añadió.

 

El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, en una entrevista a La Industria, marcó la presencia de conflictos sociales en cinco distritos de la región Lambayeque. Entre estos señaló los casos que se vienen presentando en Pucalá, Tumán y Pomalca (excooperativas azucareras), por las diferencias existentes por la disputa de las administraciones judiciales. En tanto, los otros dos conflictos sociales están relacionados al distrito de Cañaris, donde la población protesta por la actividad minera. Y en Olmos, por la construcción de la nueva ciudad.

 

En tanto, el antropólogo Pedro Alva Mariñas subrayó: “Yo creo que se necesita un espacio de diálogo, entre el Estado y las autoridades locales y los actores”. Asimismo, el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Lambayeque, Luis Montenegro Serquén, mencionó que la prefecta regional debe convocar al presidente regional y a los alcaldes para desarrollar acciones concretas y coordinadas junto a la policía.