El consejero delegado y presidente de la comisión de Ética y Fiscalización del Gobierno regional, Nicanor Carmona Salazar, aseguró que de los cinco casos que tiene pendientes por resolver, tres se encuentran judicializados y no se podrá intervenir. Se espera que los otros seis casos, a cargo de los consejeros Óscar Cárpena Recoba y Alonso Barturén Pizarro, también estén listos antes de fin de año.
Los once casos que esta comisión tiene en carpeta pendiente de resolver, fueron distribuidos para ser estudiados y plantear una propuesta de resolución, a cada uno de sus integrantes. Por ello, le tocaron cinco casos al consejero Nicanor Carmona, tres a Óscar Cárpena y tres a Alonso Barturén.
LOS CASOS
El primero relacionado a la demanda planteada por el abogado Eduardo Vargas; quien fue retirado de su puesto de trabajo el 2016 en la gerencia de Desarrollo Productivo del Gobierno regional, mientras su plaza fue sometida a concurso público.
“Presentó una demanda judicial, incluso con medida cautelar lo repusieron a él, pero el principal ha seguido su curso, y ahora está en la Corte Suprema”, señala el consejero Nicanor Carmona.
El caso, al estar judicializado, impide que la comisión de Ética y Fiscalización pueda intervenir.
En tanto, el segundo caso, corresponde a la Gerencia Regional de Salud (GERESA). Donde el trabajador Juan Pablo Burga Santa Cruz, está solicitando la reposición en el mismo cargo de donde fue retirado.
“Pero esa plaza ya no existe. Al no existir tienen que colocarlo en una plaza de igual nivel y con la misma remuneración. También está judicializado y tampoco termina, mientras no termine no podemos intervenir”.
Un tercer caso, se refiere a una denuncia de una alumna por acoso sexual contra un profesor en el colegio Pedro Abel Labarthe. “Se procedió a la denuncia fiscal y a la separación del profesor. Se ha abierto denuncia penal por el delito contra el pudor contra el profesor sindicado, pero también contra el director, por omisión de funciones, por no haberlo separado en su momento”.
Señala el consejero Carmona Salazar que estos casos al estar judicializados, la comisión “no puede avocarse” para sancionar.
El cuarto caso correspondería a la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe, debido a que en Asesoría Legal se contrató a un abogado sentenciado por terrorismo. “El tema es que está prohibido. Pero, se aduce que si bien está prohibido para aulas no lo está para la parte administrativa”. Pero a la fecha ya no trabaja en esta dependencia.
