Piden intervención de Salud ante epidemia de tuberculosis que se registra en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. En sesión de Consejo regional ayer se planteó la urgencia de intervenir cuanto antes para evitar que la enfermedad se propague ante el hacinamiento que se presenta en el reclusorio. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) dice que la intervención debe hacerse mediante un convenio.

 

La epidemia de tuberculosis que se viene presentando en el Centro Penitenciario de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, en lo que va del año ha afectado a un total de 384 internos e internas de los pabellones A, B, C, D, Mujeres y Máxima Seguridad.

 

Frente a esta preocupante situación y para evitar que la enfermedad ponga en riesgo la salud y vida de más reclusos, el último lunes el director del Establecimiento Penal de Chiclayo, Walter Curo Apaza y responsables del tópico, se vieron obligados a buscar apoyo de la Gerencia Regional de Salud, la gobernación regional y otras instancias.

 

Ayer durante la sesión de Consejo regional ordinaria, la consejera Gisella Fernández Muro planteó la necesidad de que la Geresa intervenga, teniendo en cuenta que, si bien a la fecha 101 pacientes con este mal han recibido atención médica, aún quedan 283 reclusos infectados que están esperando la presencia de médicos especialistas para aliviar su mal.

 

Precisamente la mañana de este miércoles el director de Asesoría Jurídica y encargado de la Geresa, Juan Manay Sáenz, presente en la sesión de Consejo regional, tomó nota de la preocupación planteada por los consejeros y solicitó que los funcionarios del INPE acudan a la Gerencia Regional de Salud para ver los actos preliminares de un convenio que facilite su intervención.

 

Precisa que al ser el INPE un sector diferente al de Salud se hace necesario firmar un convenio que permita la intervención de Geresa y por lo tanto la evaluación y posterior atención médica de los reclusos infectados.

 

“Para nosotros poder destinar recursos es necesario que lo hagamos en ese marco (convenio) cuando va destinado, no a nuestros usuarios, que nos compete atender por ley, (sino) a esa población que es la más vulnerable”.

 

Indica que en el penal de Chiclayo, no solamente hay situación de riesgo sino la promiscuidad y el hacinamiento es un potencial riesgo, por ello a Geresa –señala– también le gustaría intervenir en la parte preventiva.

 

“(Que vayan) los funcionarios (del INPE) para nosotros afinar el convenio y ver cuáles son las necesidades. Porque ellos tienen que mostrarnos todas las necesidades, porque puede haber atenciones sobre cuadros clínicos específicos, es decir, males desarrollados, recién en inicio y otros que todavía no se presentan, pero es necesario proteger a través de la prevención”.

 

En tanto el presidente de la Comisión de Salud del Consejo regional, Nicolás Vallejos Celis, señaló que desde esta instancia se convertirán en mediadores entre el INPE y la Gerencia Regional de Salud, a fin de atender esta problemática que viene aquejando a 283 internos e internas del Establecimiento Penal de Chiclayo.

 

“Al parecer no hay una buena atención. Vamos a ver cuál es el problema. No es nuestra facultad hacer la función ejecutiva ahí, vamos a intervenir como mediadores y fiscalizadores, para ver qué es lo que está pasando”, dijo Vallejos Celis

 

Precisamente ayer la Comisión de Salud del Consejo regional se reunió para ver este tema y el relacionado a las visitas inopinadas a los cuatro hospitales de la región.