El Día de la Persona con Discapacidad, es ocasión para que se discuta e informe sobre su inclusión en la sociedad, como también hagan anuncios espectaculares y valoren a este sector de la población. Luego que pasa el día central, todo vuelve a la “normalidad”. Sí, esa normalidad relativa de la que muchos nos vanagloriamos, pero no es más que una de las tantas discriminaciones que de una u otra forma, están latentes en nuestra sociedad.

 

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) 2012, en Lambayeque había 43,095 personas con discapacidad, de las cuales 7396 estaban inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Sin embargo, la cifra se incrementó según el censo del año 2017. Esta estadística arrojó 120445 personas con discapacidad y 7396 inscritas en CONADIS.

 

Hablar de los problemas que cada día deben afrontar las personas que tienen algún tipo de discapacidad es repetitivo. El coordinador regional de CONADIS, José Muro Carrasco, señala que lleva 18 años batallando por lograr cambios y uno de los más importantes es que recién en este último año lograron la instalación de las 38 oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (OMAPED). No obstante, ahora les falta presupuesto, personal y demás logística.

 

Hay normas y modificaciones de las leyes, no obstante, éstas no se cumplen. Una de las batallas constantes es la accesibilidad. La Ley de Presupuesto dice que todos los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar el uno por ciento de su presupuesto, distribuido en 0.5 para accesibilidad y el otro 0.5 restante para sostenibilidad y manejo de las OMAPED.

 

“Nada se cumple; si invirtieran las cosas serían mejor”, lamenta el representante de CONADIS en Lambayeque.

 

En accesibilidad, llámese rampas, veredas, es decir, tener una ciudad accesible no solo para personas con discapacidad, sino para adultos mayores, o traslado de bebés en sus carriolas, es definitivamente inalcanzable.

 

“Vigilar la accesibilidad de las instituciones públicas y privadas es tarea de las municipalidades, pero no lo hacen ni en sus propios locales, menos sancionan y nunca lo han hecho”, argumenta Muro, quien recuerda que cada año envía infinidad de documentos que se quedan en el escritorio, ya que nunca obtiene respuesta.

 

Agrega que el otro 0.5 por ciento, referido a la operatividad de las OMAPED es un “chiste”, porque estas oficinas no tienen ni una máquina con qué escribir, ni personal.

 

Si hablamos de insensibilidad y falta de conciencia, sería bueno no echar la culpa solamente a las autoridades, los pasajeros que ocupan los asientos preferenciales, los conductores que se estacionan interrumpiendo las rampas, o aquellos que ocupan estacionamientos destinados a personas con discapacidad, los mismos transeúntes que nunca son capaces de ayudar a cruzar a este sector ciudadano, también deberían observar sus comportamientos.

 

Hacer que una ciudad sea accesible parece que no es muy difícil ni complicado, no es mayor inversión, pero al parecer, el tema sigue siendo relegado por días, semanas, meses y años.

 

Hablar de estacionamientos para personas con discapacidad, es un tema aparte. No existen en la ciudad. Ni siquiera hay señalización frente al hospital Las Mercedes. Mientras tanto, en los centros comerciales, inescrupulosos conductores se estacionan en estos lugares preferenciales.

 

Frente a entidades públicas hay estacionamientos para el alcalde, el director, los gerentes, etc., pero en ningún lado hay un lugar señalizado y separado para personas con discapacidad.

 

Esta situación fue reconocida por la propia subgerente de Programas Sociales del Gobierno Regional, Terry Grosso Curo, quien detalló que solo el 50 por ciento de instituciones públicas ha cumplido con dar accesibilidad a sus instalaciones.

 

“Creemos de lo que hemos observado que no hay voluntad de los gobiernos locales en dar importancia a la atención de personas con discapacidad. En la gestión municipal hay desconocimiento o desinterés pese a que la ley los obliga”, reflexiona el comisionado de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes.

 

Anotó que hay tres temas que podrían trabajar, entre ellos generar entornos accesibles en la ciudad. Indicó que solo en el casco principal las rampas están mal hechas o no hay, no se cumple con la norma técnica.

 

Como segundo punto mencionó también el fortalecimiento de las OMAPED, como nexo de las personas con discapacidad. Refirió que es necesario conocer sus principales problemas, se desconoce cuál es la población con discapacidad en cada distrito, pues a partir de ahí se podría trabajar una agenda distrital, provincial y regional.

 

En tercer lugar se refirió a la inversión, que no solo pase por difundir los derechos de las personas con discapacidad, sino cómo generar en las instituciones el cumplimiento de la ley que les obliga a tener un porcentaje de trabajadores con algún tipo de discapacidad que cumplan con el perfil y el porcentaje adicional que la ley les concede.

 

“Haremos un seguimiento de esos tres aspectos para ir trabajando con los municipios. La región tiene tres OMAPED provinciales y 38 distritales. Trabajaremos con algunos modelos para que sean ejemplos”, remarcó Hidalgo Reyes.

 

“Las sanciones no resuelven el problema, los gobiernos locales son quienes deben tomar la iniciativa y las fiscalías realizar trabajos de prevención para el cumplimiento de algunos temas”, sostuvo el Defensor, quien indicó que esperan contar con resultados a fines de este año sobre la situación de accesibilidad en el centro de Chiclayo, que se replicará en los distritos.

Asimismo, señaló que debería considerarse en este tema, la atención en salud mental.

 

El representante de la Asociación de Artesanos con Discapacidad de la Región Lambayeque (ADADI), Próspero César Carrillo Santiago, es de la misma opinión, en el sentido que no se ha avanzado casi nada en el apoyo a la persona con discapacidad, sobre todo en lo referente a accesibilidad, donde es mucho el atraso.

 

“La ciudad cada vez es menos accesible para nosotros, porque las calles se van deteriorando y nadie hace nada. Las empresas que instalan teléfonos, cable y gas, malogran las veredas y las dejan en mal estado, no las parchan”, manifestó.

 

Además, indicó que las tiendas ponen en sus fachadas protectores que se abren hacia la vereda y las personas con discapacidad visual chocan todos los días contra ellos.

 

En el mercado Modelo la situación es caótica. No solamente los ambulantes invaden las veredas, sino que los propietarios de las tiendas sacan su mercadería a la vereda y no dejan transitar, especialmente en las calles Juan Cuglievan, avenida José Balta y alrededores del Coliseo Cerrado.

 

Pidió también mayor sensibilidad en las entidades públicas y privadas, donde no hay rampas. Lamentó la falta de empleo para personas con discapacidad, y refirió que cuando hacen la consulta éstas aducen austeridad. Sin embargo, las convocatorias continúan publicándose en forma diaria.