El 26 de febrero del presente año, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, emitió un decreto regional, para demostrar transparencia, obligando a todos los funcionarios, directivos y servidores regionales a presentar la Declaración Jurada de Intereses. Seis meses después, para sus principales funcionarios de confianza esto sigue siendo “letra muerta”.

 

En el mencionado decreto regional firmado por el mandatario regional, “considera que el desarrollo de la gobernación, a nivel regional, se nutre con una demostración de plena apertura y transparencia, de modo tal que se contribuya a la recuperación de la confianza entre los actores públicos y privados que participan en el territorio de Lambayeque; que, la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los funcionarios, directivos y servidores públicos del Gobierno Regional de Lambayeque, que cuenten con capacidad de decisión y manejo de recursos y bienes públicos, es un requisito para el ejercicio de los cargos públicos que le son confiados”, se lee en el decreto.

 

Asimismo, se lee que dicho decreto fue con la venia y aprobación del Directorio de Gerentes Regionales, por acuerdo adoptado en su sesión de fecha 26 de febrero del 2019; así como en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

 

En dicho documento, el gobernador Anselmo Lozano, establece la obligación que tienen todos los funcionarios, directivos y servidores públicos del GRL, que cuenten con capacidad de decisión y manejo de recursos y bienes públicos, de presentar su Declaración Jurada de Intereses, como requisito para su desempeño en el cargo de su ejercicio.

 

Se debe precisar que es la Oficina Regional de Integridad Institucional del GRL, la que realice todas las gestiones que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la presente disposición; informando periódicamente de su curso a la Gerencia General Regional de la entidad.

 

Como se lee en el último párrafo, es a la gerente general de la entidad, a quien se le debe informar periódicamente del cumplimiento de dicho decreto regional; sin embargo, según el portal web de la Plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es María Castro Grosso, gerente general, quien está omisa en la presentación de su Declaración Jurada de Intereses, pese a que según el decreto regional, firmado por el gobernador Anselmo Lozano, es un requisito para su desempeño en el cargo de su ejercicio.

 

Según se puede verificar en la lista que aparece en el portal web de la Plataforma de la PCM, los consejeros regionales oficialistas que están omisos a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses son: Gisella Fernández Muro, Manuel Huacchillo Gonzáles, Williams Velásquez Bardales.

 

Respecto a los funcionarios de confianza designados por Anselmo Lozano, los omisos a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, según la lista que figura en el portal web de la Plataforma de la PCM, se encuentran además de María Castro Grosso, gerente general; Víctor Díaz Burga, jefe de Asesoría Jurídica; María Esther Collantes Santisteban, gerente regional de Salud; Harry Arturo González Solano, gerente regional de Infraestructura; Germán Pisfil Agapito, jefe de la Oficina Regional de Administración; Teolinda Pizarro Pizarro, gerente regional de Recursos Naturales; Jony Villalobos Cabrera, gerente ejecutivo de Energía y Minas; Ángela Zavaleta Gonzáles, gerente regional de Programas Sociales;

 

Ángel Castañeda Castañeda, jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos; Abel Chávarry Isla, director del Hospital Regional Lambayeque; Carmen Deza Cueva, jefa de la Oficina de Tesorería de la sede regional; Juan Saavedra Jiménez, gerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones; Víctor Santamaría Facho, director ejecutivo de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes; Wilmer Vásquez Guerrero, jefe de la Oficina de Logística de la sede regional; José Barba Maique, jefe de la Dirección de Obras.

 

Asimismo, figuran Juan Becerra López, Pedro Benavides López, Elbis Bautista Alzamora, Diocidalia Burgos Montalvo, José Reyser Chinguel Calle, Alexander Corrales Mondragón, José Huamán Vargas, Christian Orrego Salcedo, Domenica Portilla Miranda, Salomón Sánchez Quiroz, José Solorzano Gonzales, Francisco Sono Riojas y Julio Torres Manrique.

 

El pasado 23 de mayo, con el voto por unánime de los consejeros regionales, se aprobó el Acuerdo Regional N° 042-2019-GR.LAMB/CR, donde se acordó recomendar al gobernador regional, suscriba un convenio de cooperación interinstitucional con la Contraloría, para que este último facilite el acceso para el uso y registro a los funcionarios y servidores públicos del GRL, en el Sistema de Declaraciones Juradas de Conflictos de Intereses. Sin embargo, a la fecha dicho convenio no se ha suscrito.