Los conflictos sociales mantienen en alerta a las autoridades con quienes se busca el diálogo para llegar a un buen entendimiento, teniendo como intermediarios a la Defensoría del Pueblo.
De manera mensual, esta institución informa sobre el estado de los conflictos en los distritos de Tumán, Pucalá, Pomalca, Cañaris, Olmos y últimamente está interviniendo en el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG).
El jefe de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo Reyes indicó que las diferencias por las administraciones y el incumplimiento del pago de la deuda social, conlleva a que los conflictos en Pucalá, Tumán y Pomalca estén latentes.
Explicó que en el caso de los distritos antes mencionados, los intereses azucareros son muy fuertes y sin duda eso genera una mayor tensión y diferencia entre los mismos trabajadores.
“La mayor responsabilidad la tiene que asumir el Poder Judicial porque hasta hoy no ha podido darle un curso legal y definitivo sobre la situación jurídica. En Pucalá lleva más de 14 años con junta general de accionistas y hasta ahora no se convoca”, comentó.
Hidalgo Reyes precisó que en Tumán, a la fecha hay dos juzgados que están interviniendo en el proceso, pero nadie les da la legalidad o legitimidad a las personas para que puedan administrar la empresa. “Hay trabajadores que no reciben sus remuneraciones, se está interviniendo con las partes para indicarles que procedimiento legal deben seguir, se coordina con los juzgados para que tomen una decisión adecuada legal”.
También se refirió a Cañaris, donde la población reclama por la actividad minera. “Al día de hoy no se ha iniciado ningún tipo de exploración ni explotación, está en el trámite de una denuncia de la Comisión Interamericana por el incumplimiento de la consulta previa para este tipo de actividad minera”.
En todos estos casos, la Defensoría interviene generando espacios de diálogo e invocando a las partes a utilizar los mecanismos legales, evitando la violencia.
La Defensoría también está participando en el diálogo que existe entre las autoridades de la UNPRG, para alcanzar el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.